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Es el socialismo
Por Luis Hierro López
El gobierno cree que puede censurar un afiche, regular la sal que se sirve en los restaurantes y obligar a las personas a que usen compulsiva y costosamente los servicios bancarios. El socialismo a la uruguaya no se anima a hacer ahora una revolución, pero desgasta a diario a la democracia y a la república.
La impúdica censura que intenta imponer el Ministerio de Desarrollo Social, a manos de la dirigente comunista Marina Arismendi, a un afiche encargado a un artista para promover la festividad de la patria gaucha, no es casual. Responde a una visión del Estado que el socialismo gobernante lleva en sus entrañas, según la cual se pueden coartar las libertades individuales en nombre de un supuesto interés nacional.
El hecho en sí mismo es grotesco y alcanza con señalar que el autor de la estupenda imagen, Fernando Fraga, se defendió sosteniendo que, con el mismo criterio del gobierno, habría que censurar a Picasso, acusándole de promover la guerra porque pintó el Guernica. Con sus sencillas palabras, Fraga definió el asunto. Punto.
Pero no es éste el único ni el primer intento liberticida de los gobiernos del Frente Amplio, que se dejan llevar por sus inspiraciones totalitarias. Si bien la campaña contra el tabaquismo de Tabaré Vázquez fue sin duda aceptada por la población, conviene recordar que fue impuesta por decreto, no por ley, lo que hubiera sido necesario para consagrar con absoluta autoridad esos límites al comportamiento individual.
Ahora, con iguales pretensiones, se quiere regular el consumo de sal en los restaurantes. No hay Estado que pueda controlar esa situación, que puede llegar a extremos ridículos, como el que señaló el dueño de un bar de la ciudad vieja, que explicó hace pocos días que a su negocio lo han inspeccionado ya varias veces para ver qué platos sirve sin sal, sin advertir que a media cuadra de su local se producen, de día, varios delitos incontrolados.
Lo mismo, o peor, ocurre con la ley totalitaria de la inclusión financiera obligatoria, que produce trastornos y complicaciones, sobre todo en esta época de asaltos a los cajeros. El otorgamiento de tarjetas de débito a los sectores populares pudo haber enganchado a parte de la población, ilusionándola con los paraísos consumistas, pero no hay duda de que se trata de una indebida intervención del Estado. Los cajeros del Brou muchas veces se saturan y la gente se queda sin plata. Sin su plata. Es horrible.
Desde las campañas publicitarias compulsivas del gobierno, establecidas por ley, a un nuevo proyecto que va a aprobarse en estos días, que le otorga al oficialismo la prioridad – gratuita – de la propaganda electoral, son muchísimos los ejemplos que pueden mencionarse para demostrar que hay un deliberado avance del Estado sobre las libertades. No es una dictadura abrupta, es un proyecto que se va estableciendo de a poco, lenta pero seguramente. Han impuesto una nueva historia oficial: instalan una Comisión de Sitios de la Memoria, nominada por una ley que estableció que la represión del Estado comenzó en 1968 sin hacer referencia al hecho indudable de que la insurgencia tupamara empezó en 1963, tras lo que cometió delitos aberrantes. Hasta la historia nos quieren arrebatar.
El socialismo rampante, ambicioso y falto de escrúpulos, violó ya dos veces los mandatos populares. En 2011 aprobó una ley interpretativa de la ley de Caducidad del Estado, ratificada antes en dos oportunidades por el voto popular, tanto en el referéndum de 1989 como en el plebiscito constitucional de 2009. La ley quedó fielmente ratificada en esas dos instancias que deberían ser sagradas, pero luego una interpretación legislativa, yendo en contra de lo que dispuso la gente democráticamente, recortó el significado de la amnistía, tras lo que se procesaron a varios militares, en contra de lo resuelto por el cuerpo electoral.
Ahora se prepara una trampa similar con el voto del exterior. También en 2009 se quiso reformar la Constitución para habilitarlo, pero la iniciativa fracasó rotundamente. Pero ahora, por ley, se interpreta que el voto de los uruguayos que viven fuera del país “es un derecho”, lo que no está reconocido por la Constitución, que por algo quiso reformársela. Van a hacer lo imposible, trampeando a la constitución y a la voluntad popular, para imponer el voto desde el extranjero en las elecciones del año próximo.
El socialismo a la uruguaya no se anima a hacer una revolución, pero desgasta a diario a la democracia y a la república.
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