Amnistía Internacional sostiene que Venezuela vive una crisis humanitaria muy grave, por una “violencia armada endémica” y la represión del Estado contra las personas más débiles, con decenas de miles de víctimas. La emigración forzosa es una de las más grandes de la historia. Esos hechos fundamentan la acusación contra la Corte Penal Internacional
Amnistía Internacional denunció que en Venezuela existe una "violencia armada endémica" que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado y que está especialmente dirigida contra los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
"Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y de desesperación de la población",
declaró el director de la organización en España, Esteban Beltrán quien presentó el informe "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", que constata las violaciones de los derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable.
Beltrán dijo a “La mañana” de radio El Espectador, que aproximadamente el 55 % de los 21.752 homicidios cometidos en 2016 fueron atentados contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que se mantiene desde hace varios años.
"Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres" que son vistos como "enemigos a erradicar, delincuentes," y lo hacen en un contexto de inseguridad "enorme", ya que, solo en 2016, entre 65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la violencia armada en el país.
Estos hechos llevaron a seis países de América a presentar ante la Corte Penal Internacional una acusación ante el presidente Maduro y los principales funcionarios del régimen.
Un análisis interncional da cuenta que el Secretario General de la Oea, Luis Almagro, sostuvo que se trata de una instancia decisiva. “Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, dijo el funcionario en un comunicado.
El éxodo de venezolanos, perseguidos por la violencia y por la crisis humanitaria, es el más grande que se haya registrado en esta zona del mundo.
En los últimos años, algunos de los países vecinos han tenido una política de puertas abiertas y de acogida para estas personas, pero eso conllevó fuertes problemas políticos con comunidades migrantes a donde llegan los venezolanos; muchos de ellos no tienen ahorros y llegan con fuertes problemas de salud.
“La magnitud del éxodo de venezolanos no tiene precedentes en nuestra región”, dijo el presidente peruano, Martín Vizcarra, a la Asamblea General de la ONU durante su discurso, el martes, al indicar que a su país han llegado unos 450.000 venezolanos. “Requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional”.
Es inusual que haya denuncia ante la Corte Internacional entre gobiernos. Durante décadas los gobiernos latinoamericanos se han adherido a un principio de no intervención en los asuntos domésticos de las naciones vecinas. Sin embargo, varios países ahora consideran que el desastre económico de Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. La oleada de migrantes ha influído también en el alza de tasas delictivas, y ha golpeado los sistemas de salud y educación de otros países.
La Corte Penal Internacional, establecida por el Tratado de Roma de 2002, ya estudia acusaciones contra las fuerzas de seguridad de Venezuela por haber usado fuerza excesiva para evitar manifestaciones callejeras, por haber detenido arbitrariamente a opositores políticos y cometer “serios abusos” contra prisioneros.