El Frente Amplio impidió que en la Cámara de Diputados prosperara el juicio político al senador Leonardo de León, acusado por la Junta de Transparencia por el uso indebido de las tarjetas corporativas.
Resulta claro a esta altura que el oficialismo está dispuesto a defender “a capa y espada” a sus representantes acusados por actos de corrupción. El caso de Sendic es rotundo, a lo que se agrega ahora la negativa del Frente Amplio a votar, en la Cámara de Diputados –que es el órgano adecuado según indica la Constitución– el comienzo del trámite de un juicio político al senador Leonardo de León.
Aplicando su mayoría automática, el Frente Amplio impidió en la Comisión respectiva que se habilitara el juicio político, uno de los procedimientos hábiles para juzgar al senador, cuya situación no fue considerada por el Senado ni por la Justicia, que entendió en primera instancia que su actuación al frente de Alur no puede juzgarse porque la empresa, subsidiaria de Ancap, funciona en el ámbito del derecho privado.
De León fue severamente acusado por la Junta de Transparencia Pública, que consideró que sus abusos con la tarjeta corporativa de Ancap fueron absolutamente injustificados.
El Directorio del organismo consideró que los gastos de De León con las tarjetas corporativas de Alur constituyen "violaciones" a las normas vigentes en materia de "probidad", "rectitud", "legalidad", "implicancias", "buena administración financiera", "rendición de cuentas" y "prohibición de uso indebido de fondos" públicos. Pese a ese juicio terminante por parte del organismo competente para juzgar la conducta de los jerarcas públicos, ni la Justicia ni el Frente Amplio van a sancionar a de León.