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Corrupción y despilfarro en ASSE
Por Elena Grauert
Aunque el oficialismo quiere disimular el asunto, lo que hubo en Asse es una enorme trama de corrupción. Esperemos ahora que la Justicia pueda investigar a fondo.
El miércoles 12 de setiembre, se presentaron informes de la comisión investigadora del Parlamento sobre "la Gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada Estafa FONASA". Hubo discrepancias entre los mismos, no en cuanto al resultado final que era remitir a la Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública los antecedentes en ambos informes, sino en la forma como se dio la investigación, porque hubo temas que no pudieron abordarse porque el oficialismo no votó la prorrogar la investigación, sobre todo para el caso específico conocido como "Estafa FONASA.-
Del informe de la oposición surge que, a partir del procesamiento de uno de los ex Directores de ASSE, Alfredo Silva, fue que el Director de la oposición solicitó que se realizaran auditorías internas y externas sobre el tema de las empresas tercerizadas.
De las auditorias solo contestaron 29 Unidades Ejecutoras de 70 que son en su totalidad, y de ellas en 27 había irregularidades, que se resumen en incumplimientos de las normas de cristalinidad y transparencia y del TOCAF.- Las violaciones a la normativa encontradas fueron: haber realizado compras directas en reiteradas oportunidades, o fraccionamiento del gasto o no respetar el límite en cuanto al monto que exige la licitación pública e ir por la licitación abreviada, incluso no respetando la exigencia de reiteración del gasto, inexistencia de Resolución de adjudicación, no exigir depósito de garantía de cumplimiento, o no cumplir las tercerizadas con las normas laborales, lo cual acarrea responsabilidad para la administración. También surge de la auditoría, conflictos de intereses, superposición de horarios de funcionarios con doble vinculo laboral público y privado, entre otras violaciones graves a la normativa.
Pero además surgió entre otras cosas, el caso de la Unidad Ejecutora de Bella Unión con la empresa de ambulancias SIEMM SRL, donde los dueños de las empresas tercerizadas, eran también jerarcas de las Unidad Ejecutora y se auto contrataban, violando el art 46 del TOCAF, habiéndose observado el gasto por el TC por este motivo, además de haber contratado a la misma en forma directa previamente en marzo de 2013, no estando habilitada por el MSP para funcionar como empresa de ambulancias.
Es relevante en el caso de Bella Unión, así como en otras Unidades Ejecutoras, cómo se multiplica el gasto, ya que en el 2012 se gastaba en traslados comunes y especializados $ 569.494, en tanto que en los años subsiguientes luego de la contratación de la empresa SIEMM la progresión del gasto fue la siguiente: 2013 $ 8.214.248, 2014, $ 13.243.730 y 2016 $ 16.204491, 28 veces más que en el 2012.
La corrupción ejemplificada, se reitera en otras Unidades Ejecutoras, al igual que la progresión y el despilfarro del gasto. También hubo desbordes en la contratación de publicidad del Hospital Pasteur, y en otros casos como la compra de oxigeno donde se multiplicaron por tres las erogaciones. Por lo que, los abusos generados, el no cumplimiento con las normas de buena administración, ni el TOCAF, constituyeron el "modus operandi", documentado por la Comisión Investigadora, estando en curso las denuncias penales, ante el Juzgado del Crimen Organizado.
Pero ello no soluciona el mal manejo de los bienes públicos, la falta de honradez de quienes eran los encargados de su control y administración. Por ello fueron removidos de sus cargos en febrero de 2018, por parte de Tabaré Vazquez los tres Directores políticos de ASSE Susana Muniz, Mauricio Arduz y Jorge Rodríguez. Sin perjuicio de lo cual, si uno escucha la argumentación de los representantes del Frente Amplio, ese hecho no existió ni fue consecuencia de todo los investigado y constatado.
Lamentablemente, uno de los temas más confusos y preocupantes que hacen a todo el sistema de salud, es lo que se dio a conocer en la comisión investigadora como "estafa FONASA", lo cual no pudo ser estudiado e investigado en profundidad dado que se vio truncada la investigación "por falta de tiempo, la complejidad del tema y la negativa a votar la prorroga por parte de la bancada oficialista" (sic).- Lo poco que se sabe es en base a denuncias de usuarios que fueron cambiados de prestador sin autorización o un caso de una señora de 83 años que vive en un apartamento del BPS, que relató que iban personas por los complejos del BPS y decían que eran funcionarios del BPS "que si no se afiliaban al CASMU ...perdían la vivienda y la pasividad (sic)". Evidentemente esto es una maniobra delictiva, que debió ser más investigada y lamentablemente las mayorías impidieron su conclusión, y no significa (vale la aclaración) que exista ningún tipo de autoría o complicidad entre la institución mencionada y los delincuentes que llevaban a cabo tal gestión, si fuera constatada, ya que fue una declaración entre otras tantas similares.
Es por tanto, triste y lamentable el despilfarro efectuado, y esto no es como dicen los representantes del Frente Amplio una maniobra para desprestigiar el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que el el deber de la oposición y el Parlamento, controlar, investigar y perseguir los actos de corrupción.
Cuando se habla de corrupción y se inhibe dar cristalinidad a la gestión publica, se está atentando contra el derecho que tiene la ciudadanía a la transparencia, ya que son estos quienes pagan los impuestos y le sacan gran parte de su sueldo para el funcionamiento del sistema. Por lo que decir que es una maniobra, cuando del propio informe hecho por los legisladores del Frente Amplio, surge el envío de los antecedentes a la Fiscalía y la Junta Nacional de Transparencia y Ética Publica, es una contradicción que no resiste el menor análisis y reafirma el camino equivocado por donde se han conducido. |
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