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Disparates progres
 En un proyecto de ley que procura regular los derechos de las personas transexuales, se incluye la posibilidad de que los menores cambien de sexo, una agresión a la paternidad y al sentido común.
Las causas a favor de las minorías –de toda índole– siempre cuentan con la simpatía de la opinión pública, hasta que se radicalizan y se transforman en agresivas campañas exclusivistas. Algo de eso pasó con los ecologistas, algunos de cuyos grupos terminaron proclamando, casi, el retorno a la vida salvaje y el repudio a todo emprendimiento industrial o agropecuario. Lo mismo ha ocurrido con los movimientos feministas, cuyos extremos terminan proclamando una especie de matriarcado y el sojuzgamiento de los hombres. De la misma o peor especie es el extraño invento radicado en el parlamento, en un proyecto de ley que procura ayudar a las personas transexuales y que llega a la locura de querer posibilitar que los menores de 18 años puedan cambiar de sexo, aunque sus padres estén en contra. El proyecto permite que los menores cambien su identidad y se sometan a los procedimientos de hormonización respectivos. Si esa legislación se aprobara, alcanzaría con que los adolescentes se presentaran ante la Justicia y si esta convalida esa voluntad, no importaría la opinión de los padres.
Eso es una barbaridad. Las personas menores por algo son menores, y tanto la normativa cívica como civil no les otorga a los jóvenes la plenitud de sus derechos. La Constitución de la República va en el mismo sentido, otorgando prioridad a la familia. Y el sentido común también indica que un menor no está en condiciones de resolver algunas cuestiones drásticas sobre su destino.
La onda ideológica imperante, que pone énfasis en la igualdad de género, que es la que está en la base de esta grosera exageración, es también la que promueve que los padres no interfieran en la educación sexual de sus hijos, que debería quedar a cargo de la escuela y los liceos… Todo es un disparate, aunque por suerte da la impresión de que algunos legisladores oficialistas han reaccionado y no votarían esos artículos, dando si su apoyo al resto del texto legislativo, que, entre otras cosas, establece una compensación pecuniaria a las personas trans que hayan sido perseguidas.
La iniciativa ha provocado tal polémica que, en muy pocas semanas, se presentaron 40.000 firmas en contra del proyecto, las que si bien no tienen efecto jurídico, dan cuenta de una opinión que ha reaccionado a tiempo y que reclama por la sensatez. |
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