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Fábrica de delincuentes
 Uruguay es una fábrica de delincuentes, sostuvo el ex Ministro de la Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique, porque las políticas sociales no han podido revertir la fragmentación y el Estado ha cedido autoridad. El jurista, afín al gobierno, ha sido designado recientemente como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa medida, su opinión cobra relieve cuando sostiene que se violan los derechos humanos de los adolescentes internados en la Colonia Berro. Dada la importancia de su opinión -muy crítica con todos los aspectos de las políticas de seguridad- transcribimos aquí en forma textual el reportaje que le hizo recientemente el diario El País.
— ¿Los cruces entre el Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior le hacen bien al nuevo sistema procesal penal implementado hace 7 meses?
— La reflexión que hago es que estos enfrentamientos (entre poderes del Estado) son previsibles porque es una relación donde comienzan a jugar nuevos actores. Antes de implementarse el nuevo Código, la relación era entre el Poder Judicial y Ministerio del Interior. Ahora es Poder Judicial, Ministerio del Interior y Ministerio Público. Ese enfrentamiento ha pasado en todos los países que modificaron el sistema procesal penal. Más allá de las urgencias electorales, que son legítimas en las sociedades democráticas, es necesario que todos los actores tengan la oportunidad de un debate franco donde se analicen las causas y consecuencias de cada paso que se da en materia de seguridad y que por fin exista una política en esa materia que obtenga el consenso del sistema.
— ¿En este momento no hay una política unificada de seguridad?
— Es muy claro que hay posiciones totalmente enfrentadas. Habría que llegar a una síntesis sobre qué es mejor para los uruguayos en este momento y llevarlo adelante. Siempre cito la frase de Albert Einstein que señala que si sigo dando las mismas respuestas a un mismo problema y estas fracasan, la posibilidad de éxito es muy relativa.
— ¿Está de acuerdo con la iniciativa del gobierno de hacerle cambios al nuevo Código del Proceso Penal?
— El nuevo Código todavía no comenzó a regir en su plenitud. No ha terminado ningún juicio en todas sus etapas. La mayoría de los casos se solucionó por juicio s abreviados. No veo la necesidad de esas modificaciones. Con el viejo Código, la Policía actuaba inmediatamente de cometido el delito y luego avisaba al juez. Con el fiscal debería suceder lo mismo. No veo necesaria esa modificación. Se debió dar tiempo para que las coordinaciones entre la Fiscalía y la Policía corrigieran esos problemas. Ante la inseguridad, la Policía se echó y se puso en un área de protección y quedó una zona gris que fue aprovechado por los delincuentes. Entonces nadie avanzaba en un sentido o en el otro. Me parece bastante lamentable llegar a una reforma legal para que esto se esclarezca.
— ¿Cuál es su opinión sobre que el Parlamento apruebe el régimen de prisión preventiva con el nuevo código?
— El gran cambio que trajo el nuevo Código del Proceso Penal fue la eliminación del régimen de prisión preventiva. El proyecto del Poder Ejecutivo nos vuelve al sistema anterior. Antes, en el sistema viejo, la prisión preventiva era la moneda corriente. Inclusive el juez podía aplicar preventiva frente al hecho de la repercusión pública de un delito. El proyecto (a estudio del Parlamento) no vuelve estrictamente a eso. Pero el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal era que los indagados esperaban el juicio en libertad. Y la prisión preventiva es una medida cautelar por excelencia en el nuevo sistema. Es decir, se debe utilizarla cuando se trata de evitar que la persona se escape, amenace a testigos o a peritos. En determinados casos, se aplicó la prisión preventiva en estos siete meses de implementado el nuevo código. Se ha actuado muy bien sin necesidad de una reforma del Código. En grandes casos de resonancia, como el robo de la joyería del Conrad o el homicidio de niños (Brissa González), se ha aplicado la prisión preventiva a los acusados de 120 o 180 días. En ese período, el fiscal presenta las pruebas ante el juez y el defensor las rebate si lo entiende conveniente y luego se resuelve en una sentencia. (La iniciativa del gobierno) es un gran retroceso.
— ¿Por qué lo entiende así?
— Porque el ADN de la reforma procesal penal es la modificación de la aplicación de la medida cautelar de prisión y pasar la investigación de los jueces a los fiscales. Hacer una reforma procesal para volver al sistema anterior no es lo correcto. Y vaticino que habrá muchas opiniones de inconstitucionalidades de ese régimen en caso de aprobarse el proyecto que se encuentra en el Parlamento. A partir de acá se puede abrir una caja de Pandora donde cada vez que se vaya a aplicar una prisión preventiva se interponga un recurso de inconstitucionalidad (por parte de la defensa de los acusados). Además los organismos internaciones de derechos humanos son contrarios a una prisión preventiva que no tenga naturaleza cautelar.
— El crimen organizado utiliza a menores como sicarios y luego los matan. ¿Cuando era ministro de un Tribunal de Apelaciones constató ese fenómeno?
— No tengo información sobre eso. Leí esas declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Gabriela Fulco). Si eso está pasando es absolutamente preocupante. También es inquietante que se siga haciendo una distinción entre el homicidio clásico y lo que la Policía califica como ajustes de cuentas.
— En la jerga de los criminales, los ajustes de cuentas son llamados "quema de archivos".
— Yo creo que todos los homicidios son iguales. El Estado tiene la obligación de aclarar los dos tipos de homicidios. Si el Estado fuera más oportuno y eficiente en la investigación y castigara a los autores de estos ajustes de cuentas, nos evitaríamos el problema típico de otros países que es la quema de archivo. Es decir, la desaparición del testigo para evitar dejar rastros de donde salió la orden para matar a cada quien.
— ¿El Estado está omiso al no esclarecer esos casos tipificados como ajustes de cuentas?
— Hay un altísimo porcentaje de casos de ajustes de cuenta que no se aclaran.
— ¿Uruguay puede terminar como El Salvador como alertó el director de Policía, Mario Layera?
— El inspector Layera es un hombre inteligente y lo respeto mucho. Lo que hizo fue un llamado a atención y marcó ciertas inconsistencias en la represión del delito. Y anunció que si no se atienden esas inconsistencias podemos terminar como estos países. Creo que Uruguay está muy lejos de esos países. Por la dimensión y las características de los problemas de seguridad de este país no debería ser tan complicado resolver ese tema si este es atacado por todo el Estado como una política global y no solo como una respuesta exclusivamente policial. Después de muchos años de pro respuesta policial, ahora el Poder Ejecutivo tomó como discurso lo que siempre dijimos: en Uruguay hay que reprimir el delito y también tomar en cuenta las causas del mismo.
— Pero en el país se aplican políticas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social.
— Reiteradamente, desde hace mucho tiempo hablamos de que la sociedad uruguaya se ha convertido en una fábrica de delincuentes; es la industria más próspera del país porque sigue funcionando. Las políticas sociales no han logrado revertir ese contexto. Es más, tenemos un aumento muy preocupante de la marginalidad cultural. Hay zonas que al Estado se le hace muy difícil marcar presencia. Para solucionar ese problema se debe confluir en una política común todas las políticas sociales y reconocer que existe una brecha social muy profunda. Se tiene que tener la conciencia clara que el problema no se resuelve de un día para el otro.
— ¿Esas zonas que usted se refiere son Casabó, Cerro Norte y el 40 Semanas?
— Sí, son las que están todos los días en las noticias policiales por tráfico de drogas, asesinatos y balaceras. Uno ve esos incidentes como muy lejanos. Pero a veces no son tan lejanos porque esos problemas trascienden a otros barrios cuando se encuentran bandas fuera de ese contexto geográfico. Ahí hacen lo mismo que cuando chocan en sus barrios. En ciudades como Chuy, San Carlos y Minas hay bandas que lograron desplazar al Estado de algunos lugares o han demostrado que este es deficiente en su trabajo para contenerlas.
— Hace un tiempo, el fiscal de Corte Jorge Díaz expresó que hay barrios controlados por traficantes de drogas pero que el Estado ingresaba en todos los barrios.
— Eso refleja la realidad que todos vemos. Pero un episodio que me conmovió y que revela la carencia del Estado son los desalojos de personas en barrios precarios bajo amenazas de muerte de parte de delincuentes. Pensé que cuando se comenzaron a conocer los casos, el Estado los evitaría. Sin embargo, estos hechos se siguen reproduciendo y son inadmisibles.
— Hay un proyecto para cerrar la Colonia Berro. ¿Cree que allí se violan derechos humanos de internos?
— Leí muchos expedientes sobre la Colonia Berro y la visité muchas veces. Históricamente a la Colonia Berro iban infractores a las distintas casonas en función de los distintos perfiles de muchachos. Ese centro fue rehabilitado cuando se tomó la decisión de cerrar la excárcel de Miguelete que se caía a pedazos. Era un lugar de violación permanente de derechos humanos según afirmaciones de organismos internacionales. En ese momento, el cierre de Miguelete se vio como gran victoria política de los defensores de los derechos humanos.
— Fallos y organizaciones de derechos humanos condenan hoy las condiciones de alojamiento de la Colonia Berro.
— Después de 20 años de su reapertura, en la Colonia Berro se violan los derechos humanos de los adolescentes allí alojados y se incumple la necesidad de aplicar políticas de rehabilitación. Se aconseja cerrarla porque no se sabe qué hacer con la Colonia Berro. Este proceso tiene que tener un punto final y seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas y organismos especializados de que los adolescentes sean alojados en pequeños centros, con acceso a talleres y no estar aislados de un contexto social. |
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