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El desatino fiscal y sus consecuencias
 El pasado sábado 30, al límite del plazo constitucional, el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento su proyecto de rendición de cuentas. Enfrentado a un déficit fiscal equivalente al 4% del PIB, el gobierno ha quedado entrampado entre sus propias promesas electorales —que disparan múltiples demandas— y el agujero fiscal que creó en el período anterior. Como consecuencia, ni satisface las demandas, ni actúa con la diligencia fiscal que la comprometida situación impone.
El deterioro fiscal es la historia de las tres administraciones frenteamplistas. Luego de una tendencia a mejorar, que venía del gobierno colorado, que redujo dramáticamente, en pleno año electoral, el brutal déficit provocado por la crisis de 2002, la inercia continuó en el inicio del primer gobierno de Vázquez pero rápidamente el escenario fiscal volvió a deteriorarse.
El mensaje del Presupuesto presentado en 2010 por el gobierno encabezado por Mujica proyectaba reducir el déficit al 0,8% del PIB y todos sabemos cómo terminó la historia: con viento a favor y recaudando como nunca en la historia, el mujicato dilapidó también como nunca en la historia y llevó el déficit no al 0,8% prometido sino a 3,6% del PIB. Astori —que era el Vice y manejaba el equipo económico— nos hablaba entonces de “espacios fiscales”, que era el eufemismo para celebrar eso de tirar manteca al techo.
Al asumir en marzo de 2015, Vázquez y Astori fingieron sorprenderse por el deterioro fiscal y alertaron acerca de la necesidad de ser cautos en materia de gasto. Y también sabemos cómo siguió la historia: ajuste fiscal a partir de 2016 y tarifazos, comprometiéndose a llevar el déficit al 2,5% del PIB al final del gobierno, pero resulta que a mayo de 2018 el déficit está en un 4% del PIB.
Nada de esto ha sido gratis. Mayor déficit ha llevado a un mayor endeudamiento (entre el año pasado y éste, saltó del 60,5% del PIB al 66,9%), que sumado al incremento en la presión fiscal (que incluye no sólo las subas de impuestos sino también los incrementos de tarifas), ha conducido a comprometer severamente la competitividad del sector exportador y a reducir la rentabilidad de prácticamente cualquier emprendimiento productivo, lo que se ha traducido en la destrucción de puestos de trabajo. Y también en nuevos aumentos de tarifas: el incremento del 8% de ANCAP, que se suma al de enero de este año, más de la mitad no va a ANCAP sino al Estado central en otro desesperado intento de rascar bolsillos para recaudar un poquito más.
Frente a un escenario tan complicado, un gobierno diligente hubiera marcado liderazgo optando, en primer lugar, por una Rendición de Cuentas limitada a eso: rendir cuentas, sin incrementar el gasto. O sea, una “rendición gasto cero”. Además de constituir un ejercicio de sensatez, hubiera enviado un fuerte mensaje, no sólo a todos los actores sociales del país sino al resto del mundo, que no es bobo y mira con atención qué hace el país con sus números en rojo.
Y en segundo lugar, potenciando aquel mensaje, un gobierno diligente hubiera incluido recortes de gasto y medidas de estímulo al sector productivo (éstas tienen que ser precedidas por aquéllas) para acelerar la disminución de la brecha fiscal por la vía de menor gasto y mayor recaudación por incremento de la actividad, mejorando el empleo de paso.
Pero este gobierno de Vázquez ni es diligente ni ejerce liderazgo alguno y, una vez más, tironeado entre las absurdas promesas electorales, las demandas corporativas y la necesidad de hacer buena letra con el sector productivo y —obviamente— con las calificadoras de riesgo, ha intentado seguir por un improductivo “camino del medio”: un incremento del gasto modesto, de aproximadamente U$S 146 millones.
Pero más allá de ese incremento, que no conforma a nadie, ni a quienes reclaman mayor gasto ni a quienes reclaman recortar gasto, todo el andamiaje del proyecto del Ejecutivo reposa sobre unos supuestos harto discutibles. La proyección de crecimiento de la economía —y con ello de la recaudación— luce excesivamente optimista frente a un escenario regional de incertidumbre: 2,5% para 2018, 3,3% para 2019 y 3,0% para 2020. Las previsiones del Presupuesto presentado en 2015 naufragaron. ¿Qué pasará si ello vuelve a ocurrir? A principio de 2017, Vázquez prometió “severidad” y “rigurosidad” en el gasto público y lo que ocurrió fue que el año 2017 cerró con el mayor gasto público desde 1985: un 28,1% del PIB. El cumplimiento de metas y las previsiones no son, ciertamente, el fuerte del gobierno.
Y como frutilla política de la torta, el Ministro Astori fue a la chacra de Mujica a implorarle que apoye sus aspiraciones presidenciales. Inmediatamente —y sin comprometer apoyo alguno a Astori— el MPP, que había anunciado su apoyo al proyecto de Rendición, pegó una voltereta “mujiquesca” y se sumó al PCU en su reclamo al gobierno de que sacrifique “unas décimas” de déficit fiscal para satisfacer demandas sectoriales. La buena señal es que Vázquez no recibió al MPP, porque un mensaje complementario del Ejecutivo (la única forma de incrementar el gasto en la Rendición) sería el peor mensaje, revelando una debilidad política extrema del gobierno.
Lo que es indudable, a esta altura, es que sea quien fuere que ocupe el gobierno a partir del 1º de marzo de 2020, recibirá de esta administración una herencia tan pesada como la recibida por Vázquez de Mujica, por lo que deberá pagar un costo político importante desde el arranque. Pero lo peor es la herencia que recibirán los uruguayos y de la que habrán de hacerse cargo, porque serán —seremos— quienes seguirán pagando la cuenta al final de cada jornada. |
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