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ASSEsinando la legalidad
Por Consuelo Pérez
Los constantes apartamientos de la norma legal a la hora de contratar, en los que incurren diversas autoridades de la Administración de los Seguros de Salud del Estado (ASSE), han hecho que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observara más de cuarenta veces dichas decisiones en un lapso de noventa días.
Los casos ocurrieron en Artigas, Rivera, Paysandú, Las Piedras, y en Montevideo, sobre todo en los hospitales Pereira Rossell y Maciel.
En los Hospitales de Bella unión en Artigas, de Rivera y también recientemente en Dolores, departamento de Soriano, se han constatado y denunciado abusos y apartamientos ostensibles de la legalidad.
Funcionarios del Hospital de Rivera denunciaron que en el centro hubo recientemente instrumental y medicamentos vencidos desde 2012 y 2013 y "compras irracionales”.
Ana Falótico, que se desempeñó en Mercedes, ex jerarca de la Administración de los Seguros de Salud del Estado (ASSE) tuvo el “privilegio” de que su empresa privada de traslados fuera varias veces contratada en los hospitales en que ella misma se desempeñaba y dirigía, y manifestó con naturalidad que “son varias las empresas contratadas en los hospitales en los que sus dueños son directores”, y que la práctica se da en todo el país.
La ex-directora del Hospital de Mercedes, Patricia Laxaga, admitió ante la comisión investigadora ASSE en el Parlamento, que firmó facturas para pagarle a su propia empresa de traslados de ambulancia.
Incluso se ha priorizado en múltiples oportunidades la tarea que suponía un beneficio personal, en desmedro de otras prioridades asistenciales, según trascendió.
Las prácticas siguen siendo las mismas en 2018, aun cuando el presidente de la República Tabaré Vázquez decidió remover a los directores políticos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que no ha dado resultado, y el asunto sigue ahora otros carriles.
En efecto, se encuentra en la Justicia Penal la situación del Hospital de Bella Unión, en Artigas, en el que la dirección contrató a una empresa de ambulancias que era propiedad de funcionarios de ASSE, que son hoy, increíblemente, directores de hospitales públicos. Es el caso de Federico Eguren, actual director del Hospital Pereira Rossell, y también de Marcos García ex director del centro, hoy titular del Hospital de Salto, y también de Rodrigo Barcelona, actual director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell.
Las decisiones ilegales, que ya se han hecho norma, contravienen, como dijimos, lo dispuesto por el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que señala que “están capacitadas para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica no sea funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia”.
Más allá de no actuar contra las ilegalidades que proporcionan un beneficio propio, la actitud del directorio de ASSE - coherente con la forma en que a todo nivel se eluden sistemáticamente las explicaciones a la gente por parte del gobierno - recibió un ultimátum para que antes del 30 de los corrientes entreguen la información solicitada a la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, pues ello no ha acontecido.
Seguramente el amable lector calificará el accionar de la “fuerza política” en todos sus niveles con relación a este asunto, y nos evitará una tarea repetitiva, constante, y por ahora, atento a las “mayorías”, y en lo que a transparencia hacia la población se refiere, absolutamente inconducente.
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