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Vivienda para los más necesitados, un entrevero difícil de entender
Por Jorge Ciasullo
 Desde hace años, a impulso de Mujica, se vienen anunciando, promoviendo, proyectando, distintos planes de vivienda con el objetivo de cubrir la demanda de los sectores más necesitados de la población. Sin embargo, los resultados están muy por debajo de las expectativas y el futuro es cada vez más incierto.
Nadie puede estar en contra de cualquier iniciativa tendiente a favorecer a sectores rezagados de la población, en su derecho a acceder a una vivienda digna. Es así que en los últimos años han surgido diversas iniciativas a esos efectos, algunas loables y otras, las menos, con visos de corrupción, cuando no de delito.
Creemos necesario realizar un muy breve resumen de cada una de ellas y sus resultados o situación actual.
PLAN JUNTOS
Por iniciativa del Presidente Mujica se creó la Fundación Juntos (Ley 17163 de 01.09. 2009).
La Fundación, persona jurídica amparada por la ley citada: “deberá apoyar toda iniciativa tendiente a superar la situación de emergencia habitacional”. En principio, se pensó que todo el proyecto sería financiado por aportes (donaciones) privadas y empresariales. Casi inmediatamente se realizaron transferencia presupuestales, la última en mayo de 2017 por 36 millones de dólares, a un fideicomiso creado para ese fin, administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
En resumen, según un comunicado de la presidencia de la República del 4 de enero pasado, desde su creación, el Plan Juntos ha construido 1600 viviendas. En 2017 “terminó 250 intervenciones” y tiene por objetivo ejecutar 400 viviendas en 2018. En consecuencia, si se cumple la aspiración para 2018, estaríamos en apenas 2000 viviendas, en casi 10 años.
Sería interesante conocer la totalidad de fondos recibidos de todo origen y los gastos realizados, en la construcción propiamente dicha y en salarios y otros beneficios de los funcionarios.
PLAN DE VIVIENDA SINDICAL
Nos hemos referido reiteradamente en Correo de los Viernes a este plan, pero vale la pena recordar otra vez sus principales rasgos.
Surgido en el seno del sindicato metalúrgico, el 8 de noviembre de 2011 se lanzó oficialmente, a la vez que se anunciaba la construcción de 5000 viviendas, por un monto superior a los 100 millones de dólares para trabajadores que no tuvieran acceso al ahorro previo.
Se firmó un convenio entre el Banco Hipotecario y el Pit Cnt- aunque éste no tiene personería jurídica para honrar un documento de esa especie - se obtuvieron inversores privados, con la aparente promesa de ganar miles de dólares. Por el momento, no se conoce cuántas viviendas se entregaron y hay diversos juicios entablados por inversores privados, que alegan estafa por quien, en su momento, se dijo representante del Pit-Cnt,procesado con prisión en abril de 2017 por el manejo de cheques diferidos y descontados por prestamistas.
El pasado 13 de febrero, ser anunció, sin mayores detalles, que se construirán dos edificios de viviendas en el centro de Montevideo, uno en Yaguarón y La Paz y el otro en Canelones y Minas.
PROYECTO DE UNIDAD POPULAR
El Diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, logró que se aprobarla en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, un proyecto de:” Vivienda Popular”, para familias con ingresos menores a $75.000 mensuales, sin el requisito de ahorro previo, con un plazo de 25 años y cuya cuota no supere el 10% del ingreso mensual familiar. Los fondos para su financiación serían a cargo de Rentas Generales.
El Diputado Rubio, anunció en febrero pasado, que aspiraba a que el proyecto se transformara en ley en el pasado mes de marzo, no obstante, no ha sido tratado, por oposición de sectores del Frente Amplio, que alegan falta de financiamiento para el mismo.
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
Mediante la Ley 18.795 del 7 de agosto de 2011 se aprueban normas para el “Acceso a la Vivienda de Interés Social”. Se buscó con ella, atraer inversores para la construcción de viviendas bajo determinadas características, que fueran accesibles a sectores bajos, medio bajos y medios de la población. A esos efectos, se otorgaron amplias exoneraciones impositivas, entre ellas: exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos aprobados de interés social, deducción integra a la renta gravada por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRA), exoneración del impuesto al patrimonio y del IVA en determinados casos ,etc.
Sin embargo, en marzo de 2017 se aprobó una nueva reglamentación para los proyectos presentados bajo la modalidad de interés social a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) lo que provocó que a marzo 2018, se registrara una significativa disminución de presentación de proyectos por parte de inversores privados (tercera parte en cuanto a unidades). Ello debido a que: “le pusieron, con el 10% de topes a precios inferiores a los costos para unidades que se entregan al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y que las paga seis meses o un año después de terminado, un elemento que terminó desalentando a los promotores, los costos han ido en aumento, producto de los salarios que avanzan sobre el IPC, los terrenos son más escasos y más valiosos, y el dólar es más bajo. Y el empresario y el comprador piensan en dólares. La rentabilidad difícilmente alcance a un 20%. Es la mitad de lo que razonablemente podría obtenerse, para quien hace el esfuerzo de comprar el terreno, estar cinco o seis meses obteniendo los permisos, poner el capital directa o indirectamente, correr los riesgos empresariales, etc.”. (Alfredo Kaplan asesor de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay –Appcu- El País, 9 de abril de 2018).
REALOJO DE ASENTAMIENTOS
Este plan se ejecuta entre el Municipio de Montevideo y (IMM) y el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente desde al año 2017. Se otorgan significativas facilidades para ocupar las viviendas no conociéndose mayores detalles en cuanto a sus resultados.
En definitiva, como puede apreciarse en el resumen anterior, existen varios planes, así como proyectos, para la construcción de viviendas para amplios sectores de la población, a cargo de distintas entidades: fundaciones, ministerios, municipios, organizaciones sindicales, promotores privados, etc. con resultados y suerte diversa, propio de una “ensalada” a la que el aspirante a vivienda tendrá que optar según su condición y capacidad económica, sin que nadie pueda asegurarle que acertó en su decisión.
¿No sería razonable coordinar las acciones de todos los involucrados o es que cada quien quiere llevar agua para su molino? |
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