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El senador De León en el banquillo
 Tras un informe lapidario de la Jutep ante los abusos del senador Leonardo de León con la tarjeta corporativa, debería ser censurado por el Frente Amplio y el Senado.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró que el expresidente de ALUR y actual senador de la Lista 711 que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic, Leonardo de León, presentó "insuficientes" explicaciones y no entregó documentaciones que respalden 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.
El Directorio del organismo consideró que los gastos de De León con las tarjetas corporativas de ALUR constituyen "violaciones" a las normas vigentes en materia de "probidad", "rectitud", "legalidad", "implicancias", "buena administración financiera", "rendición de cuentas" y "prohibición de uso indebido de fondos" públicos, inconductas que conformarían el delito de apropiación indebida estipulado por el Código Penal.
De León no podría ser acusado de peculado, figura que refiere a la actuación de los funcionarios públicos, ya que Alur, de la que De León era titular al usar –y abusar– de las tarjetas, es una empresa estatal pero que funcionó en la órbita del derecho privado. Pero en cambio sería claramente autor del delito de apropiación indebida que prevé el artículo 351 del Código Penal: “El que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiado o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. Al cierre de esta edición no se ha expedido la Fiscalía, que había precisamente solicitado un informe a la Jutep.
Si la Fiscalía acusa a De León y la Justicia comparte la acusación, ésta debe solicitar el desafuero del legislador antes de proceder a su procesamiento. El desafuero debe contar con el respaldo de las dos terceras partes del Senado, por lo que la resolución depende de lo que haga el Frente Amplio, que hasta ahora ha guardado un elocuente silencio pese al contundente informe de la Jutep. Siendo que esa Junta, creada por ley para entender en las cuestiones de ética y de transparencia, es el órgano competente del Estado, el Frente Amplio pudo haber tomado de inmediato una sanción ejemplarizante. Pero así como hizo con Sendic –a quien todavía no sancionó– la coalición oficialista viene optando por el avergonzado silencio. |
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