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La fractura sigue estando ahí
Por Ope Pasquet
El relato del Frente Amplio desconoce lo ocurrido en febrero de 1973
Al cumplirse otro aniversario del golpe de estado de febrero de 1973, configurado cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a reconocer la autoridad del general Antonio Francese, ministro de Defensa designado por el presidente Juan María Bordaberry, y forzaron su renuncia, reaparecieron en las redes sociales las evocaciones de los hechos de aquellos días y las polémicas consiguientes.
Para el Frente Amplio y el PIT-CNT, la crónica de aquel “febrero amargo” resulta difícil de digerir; no se la puede integrar a ese relato de la historia reciente repleto de falsedades que la izquierda se empeña en instalar y del cual ella emerge, impoluta y heroica, como permanente defensora de la democracia y sus instituciones.
Los hechos, “los tozudos hechos”, no lo permiten. En aquel febrero del 73, ante la irrupción militar, la izquierda política y sindical no salió a denunciarla y enfrentarla, sino que trató de acompañarla, apostando a ser parte de un movimiento que creía orientado a establecer en el país un régimen “progresista”, “antiimperialista” y “antioligárquico”, similar al que el general Velasco Alvarado había impuesto poco tiempo antes en el Perú. “La cuestión no es entre civiles y militares sino entre oligarquía o pueblo”, decía el Partido Comunista, mientras subrayaba, complacido, sus coincidencias con los Comunicados 4 y 7 de los militares. Los demás sectores del Frente compartían, en lo sustancial, las conclusiones de ese análisis y la consiguiente valoración política de la situación. La excepción, se sabe, fue la del Dr. Carlos Quijano, director de Marcha, quien se negó a aceptar el trueque de la institucionalidad democrática por la promesa del golpismo progresista. Es posible que el general Seregni tampoco haya creído en el “peruanismo” de aquellos militares que hasta hacía poco tiempo habían servido a sus órdenes y que él conocía bien; pero Seregni presidía una coalición cuyos miembros componentes pensaban otra cosa, por lo que el discurso que pronunció en el acto del 9 de febrero en 8 de Octubre y Comercio, como presidente del Frente Amplio, respondió a la estrategia de conciliación con los golpistas propiciada por aquéllos.
La CNT, por su parte, no movilizó a nadie para resistir el golpe. Lejos de ello, su dirigencia fue a reunirse con los militares. A la central sindical no le preocupaba la defensa del orden democrático; lo que buscaba era un atajo hacia un gobierno afín con sus ideas, y le pareció que los tanques de la Región 1 que habían salido a la calle eran los vehículos más apropiados para abrir el camino hacia allí.
Todo lo anterior es bien conocido y no es mi intención volver en esta ocasión sobre la crónica de aquellos días. Tampoco me propongo contestarles aquí a quienes, irritados cuando se les recuerda este capítulo de la historia del Frente y no pudiendo negar los hechos de febrero, responden atacando a Juan María Bordaberry y a todos los dirigentes colorados y blancos que de algún modo tuvieron algo que ver con los sucesos de junio de 1973 y lo que vino después. Yo no niego la responsabilidad política de mi partido por la conducta de algunos de sus hombres en aquellos momentos; la he reconocido públicamente y fui insultado y criticado por ello. Pero señalo que por encima de las claudicaciones individuales, que las hubo, el Partido Colorado se pronunció como tal en febrero de 1973 a través de su Convención Nacional, que reclamó “el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes a gobernantes y gobernados…”; y en términos concordantes se expidió el Comité Ejecutivo Nacional colorado, tras la disolución del Parlamento en junio del mismo año.
A lo que quiero referirme, y no sólo para la mejor comprensión de la “historia reciente” sino también para la mejor comprensión política del presente, es a las razones por las cuales la izquierda apoyó, con distintos grados de entusiasmo según partidos, grupos y personas, el golpe de febrero del 73.
Seguramente hubo errores de apreciación de la orientación ideológica de los jefes militares de la época, así como de la relación de fuerzas entre ellos. Algunos habrán pensado que Gregorio Álvarez era “peruanista”; quizás creyeron también que, en una hipotética pugna entre nacionalistas fascistoides de un lado, y “peruanistas” del otro, triunfarían estos últimos. Se equivocaron, evidentemente. La información de la que disponían era insuficiente, o falsa, o fue mal interpretada. Pero esto no es lo más importante.
Lo importante es que, en febrero de 1973, el Frente Amplio pensaba que valía la pena aceptar y apoyar la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, de manera flagrantemente violatoria de la Constitución, si eso hacía posible torcer el rumbo trazado por lo que consideraba que era el gobierno de la oligarquía -pese a que había sido elegido por la ciudadanía en 1971- y conducir al Uruguay hacia transformaciones “progresistas”, “antiimperialistas”, “populares”, etc. No importaban la Constitución, ni el Parlamento, ni la “democracia burguesa”, ni ninguna de sus instituciones; no importaban tampoco las acusaciones de torturas a los detenidos en la “lucha antisubversiva” que ya pesaban sobre las Fuerzas Armadas. Lo que importaba era la lucha por el poder. Para esa lucha se procuraba formar una amplia alianza política y social en la cual eran obviamente bienvenidas las Fuerzas Armadas, cuyo personal provenía principalmente de los sectores populares y cuya oficialidad parecía dispuesta a patear el tablero institucional.
Desde la perspectiva indicada, de claro sesgo marxista, la democracia y las libertades y garantías que hacen parte esencial de ella tenían sólo un valor instrumental: valían como herramienta útil para alcanzar otros fines (o, si se prefiere, como un campo de operaciones más conveniente que otros para el desarrollo de la estrategia revolucionaria). Si aparecía otro instrumento más potente que las instituciones democráticas para avanzar más rápidamente hacia la consecución de esos fines -como un golpe militar, por ejemplo- no había ninguna objeción de principio para su empleo. Por eso apostaron al golpe, sin remordimientos.
El apoyo del Frente Amplio al golpe de febrero no fue el producto del error cometido por algunos dirigentes, actuando a título personal, sino una decisión colectiva fundada en profundas convicciones ideológicas. Este es el meollo del asunto. Al apoyar el golpe de febrero los comunistas no estaban traicionando sus ideas, sino que estaban siendo consecuentes con ellas, aplicándolas a la acción política a partir de una lectura equivocada de la realidad nacional y, específicamente, de la situación militar. Y detrás del Partido Comunista, de sus convicciones y de sus errores, en febrero se alineó el Frente Amplio todo.
Se comprende perfectamente, entonces, que la izquierda no haya estigmatizado a quienes tan mal la guiaron en aquel febrero amargo. No sólo no los estigmatizó, sino que tampoco los relegó discretamente al olvido. Todos los dirigentes de entonces, ya fallecidos, son objeto de periódicas conmemoraciones y homenajes, dentro y fuera del Parlamento. Se reconoce, sí, que la interpretación de la irrupción militar de febrero y la posición adoptada frente a ella fue “un error”, pero nada más que eso; y errar es humano…Lo que no se reconoce es que la disposición a aceptar un golpe de fuerza -sea militar o de otro origen- para imponer un gobierno ideológicamente afín, “peruanista”, “progresista”, “chavista” o lo que fuere, es incompatible con la democracia representativa e implica una radical deslealtad a sus instituciones. Pero se reconozca o no, la incompatibilidad existe y genera hasta hoy una tensión ideológica siempre latente y ocasionalmente manifiesta, tanto entre el Frente Amplio y los partidos de oposición, como en el seno del propio Frente Amplio.
La democracia uruguaya es de las más completas y sólidas del mundo y así se la reconoce; es la tarjeta de presentación del país en el plano internacional y los uruguayos estamos orgullosos de que así sea. Pero por debajo de nuestra institucionalidad prestigiosa hay una antigua fractura ideológica que separa a quienes creemos que no existe otra fuente de legitimidad política que el sufragio libre, entendido como culminación de un proceso democrático cabal (con pluralismo político, libertad de prensa, etc.), de quienes creen que hay también otras fuentes de legitimidad y que apoyar el ejercicio de la acción política en una o en otras, con la consiguiente posibilidad de conflicto entre ellas, depende de las circunstancias.
La fractura quedó expuesta a la luz del día en febrero del 73 y era tan profunda como la distancia que separaba los discursos del senador batllista Amílcar Vasconcellos denunciando el golpe, de los editoriales de El Popular (el diario del Partido Comunista) apoyándolo (“oligarquía o pueblo”).
En el Uruguay de hoy la fractura está disimulada por el hecho de que la fuerza política que ejerce el gobierno con legitimidad democrática, es la misma que tiene en su seno a los partidos y sectores cuya ideología habilita el recurso a las legitimidades alternativas, según las circunstancias.
Ocasionalmente, empero, la fractura vuelve a aparecer. Así sucedió cuando el presidente Mujica acuñó el lema de su presidencia diciendo aquello de que “lo político está por encima de lo jurídico”, en radical negación del Estado de Derecho; lo mismo pasa cuando la mayoría oficialista en el Parlamento vota leyes a sabiendas de que son inconstitucionales, o cuando el gobierno se da el lujo de incumplir fallos judiciales durante años, o cuando se permite la ocupación de los lugares de trabajo por los trabajadores, etc.
En ningún tema queda tan clara la diferencia entre partidarios de la democracia y meros usuarios de ella, como en la cuestión de Venezuela. El régimen presidido por Nicolás Maduro ha ido destruyendo violenta y sistemáticamente las bases de la democracia, viola sin pudor los derechos humanos de los opositores -empezando por el derecho a la vida- y somete al pueblo a la escasez, al hambre, y a la muerte de los enfermos por falta de medicamentos en los hospitales. Los venezolanos huyen por millones y se dispersan por el mundo. En el Frente Amplio, sin embargo, predominan los sectores que apoyan a Maduro. Sólo se entiende ese apoyo desde la lógica de febrero del 73: “oligarquía o pueblo”, a como dé lugar y según su propia definición de uno y otro campo. No han cambiado.
Pasaron 45 años desde aquel febrero. El mundo es otro; el Uruguay es otro. Es inimaginable hoy, entre nosotros, que alguien sueñe siquiera con tomar el poder por la violencia, venga ella de los cuarteles, de la guerrilla o de donde fuere.
El actual consenso en punto a que la única vía admisible de acceso al gobierno es la electoral no le quita importancia, empero, a la fractura ideológica señalada. Porque es posible que en las elecciones de 2019 triunfe alguno de los partidos que hoy están en la oposición, y que logre formar una coalición mayoritaria en el Parlamento. Si así sucediere, reaparecerá el conflicto entre quienes crean que por haber ganado las elecciones tienen derecho a gobernar, y quienes llamen a la “resistencia” y opongan todas las trabas posibles al ejercicio de las atribuciones del gobierno, pretendiendo legitimar su proceder con la invocación de su autoasignada condición de auténticos representantes de los intereses populares, a pesar del resultado electoral.
No es difícil imaginar otras situaciones políticas potencialmente conflictivas. Si el Frente Amplio vuelve a ganar en el 2019, pero sin mayoría parlamentaria propia y con los consiguientes problemas de gobernabilidad, habrá quienes digan que “el gobierno popular” no puede realizar su programa a causa del bloqueo de “la derecha”. Veremos al Palacio Legislativo frecuentemente rodeado por manifestaciones sindicales y estudiantiles y habrá momentos de tensión institucional.
No nos hagamos trampas al solitario, pues. La fractura ideológica que se manifestó en febrero de 1973 sigue existiendo en el Uruguay. Con ella, y con los problemas y peligros que ella trae consigo, hemos de seguir conviviendo. |
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