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Un descontrol oficial alarmante
Por Jorge Ciasullo
La sociedad uruguaya siempre respetuosa de quienes, muchas veces con gran esfuerzo y sacrificio, han lograda culminar estudios terciarios, se ve conmovida ante la reiteración de situaciones de funcionarios, que desempeñan tareas vinculadas a estudios inexistentes, cuya designación está basada en ideologías, sin importar las consecuencias de todo tipo, en las actividades bajo su responsabilidad que, al no estar calificados para ello, puede tener consecuencias de todo tipo.
Al ya conocido hecho de la inexistente licenciatura con medalla de oro del vicepresidente de la República Raúl Sendic, ha trascendido que el ex subdirector Técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación Gustavo Belarra, no es sociólogo; tampoco es psicólogo el director del IMPO Gonzalo Reboleldo. Este último, estuvo a cargo de Gestión de Juventud de la IMM, en cuyos documentos oficiales figura su firma y “título”. También poco tiempo atrás, se conoció que Leticia Ferrari quien ejercía como abogada, en el Ministerode Industria y en ese carácter redactaba informes, no poseía título.
Se suma ahora que en el Ministerio del Interior, fue designada en razón de su supuesta especialidad-psicóloga- como Asesora del Departamento de Recursos Humanos, la Sra. Laura Anzalone. A la irregularidad de la falta de título habilitante se suma que el nombramiento fue realizado por su hermano, Leonardo Anzalone, quien, según declaró, fue autorizado por el Subsecretario del Ministerio Jorge Vázquez. Hecho que fue negado por éste. También trabaja en el Mini9sterio del Interior un hijo de ambos.
Esta designación es irregular desde la base, toda vez que el Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup), prohíbe expresamente la contratación de familiares, agravado por el hecho que éste no debía desconocer que su hermana no tenía título. Si bien en el caso de Raúl Sendic, éste no hizo uso profesional del supuesto título, no deja de ser una enorme falta de ética, inadmisible para quien ostenta esa jerarquía. En los otros casos que hasta el momento se conocen, sí sus “actuaciones profesionales”, pueden tener consecuencias graves.
En esa percepción ha actuado el fiscal Gustavo Zubía, quien, en conocimiento de los hechos, realizó un pedido de procesamiento con prisión por conjunción de interés público y privado para Leonardo Anzalone, y procesamiento sin prisión para su hermana Laura, por el ejercicio de psicóloga sin título habilitante.
La función de Laura Amzalone consistía, en la realización de entrevistas, para determinar, mediante test psicológicos, eliminatorios, si aspirantes a ingresar al Ministerio del Interior como policías, que ya habían superado las pruebas físicas, tenían las condiciones psíquicas, para ser designados.
Surge de los trabajos realizados por Laura Anzalone, entre Noviembre de 2013 y hasta Noviembre de 2015, algunos datos llamativos: Se realizaron 4.703 evaluaciones, siendo aceptados 2.313 postulantes. Porcentajes que, curiosamente, coinciden con los simpatizantes del Frente Amplio en la elección pasada. En una palabra tenemos derechos a suponer que ha habido cierta inclinación a quienes, se identificara como ideológicamente afines al gobierno.
El Ministro del Interior, es de recurrir a datos estadísticos, cuando estima son beneficiosos para su gestión. En nuestro caso, nos gustaría conocer de los 500 policías procesados en el último año, acusados algunos de violencia doméstica e impedidos de usar el arma de reglamento, cuantos fueron evaluados por la Sra. Laura Anzalone. Y ello porque más allá de su aparente inclinación a muchachos de la barra, le cabe una enorme responsabilidad, frente a quienes quedaron en el camino en su aspiración laboral y frente a eventuales víctimas de quienes no están psicológicamente habilitados para integrar el cuerpo policial.
Y esto es grave, porque actuando con la misma irresponsabilidad en el área de la salud por ejemplo, puede designarse a un estudiante de medicina o falso médico que, en base a esa falsedad hasta recete medicamentos.
Creemos que es hora de verificar, mediante copia certificada ante escribano, la veracidad de los títulos declarados por todos los profesionales, que fungen como tales en la administración pública y por supuesto condición imprescindible, cuando sea exigencia, para ingresar a ella.
Es lo mínimo de un país serio o prometido país de primera. |
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