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La herencia de Mujica (II)
 Hace quince días utilizamos ese título para dar cuenta de los enormes sueldos que paga la regasificadora, una empresa fantasma. Pero como hay más noticias negativas, vamos a reiterar el encabezado, con la sensación de que tendremos que repetirlo varias veces.
Ninguno de los grandes anuncios de Mujica se puso en marcha. Como hemos publicado en varias oportunidades, ni el puerto de aguas profundas, ni la minería, ni la regasificadora, ni la reforma del ferrocarril se concretaron. En algunos de esos proyectos se invirtieron en su momento millones de dólares. En el caso de la regasificadora, el Estado uruguayo –es decir, todos nosotros que pagamos estos desaguisados con nuestros impuestos– sigue abonando sueldos. Pero además se anuncia la posibilidad de juicios contra el Estado, lo que puede incrementar considerablemente la suma ya gastada.
Con la regasificadora se han desembolsado ya 100 millones de dólares, teniendo en cuenta la financiación de las obras conexas y el funcionamiento de Gas Sayago, incluyendo el dragado y la conexión del gasoducto, según informó el diputado blanco Pablo Abdala integrante de la comisión investigadora del Parlamento. El gobierno ha desistido del proyecto ante el desinterés de Argentina de participar del mismo, por lo que esos recursos no se recuperarán en ninguna instancia. A esta suma inicial hay que agregar las erogaciones que pueden surgir por los juicios ya iniciados por empresas privadas contra el Estado, puesto que fue quien figuraba como garantía soberana.
A su vez, la empresa Aratirí, que iba a explotar el hierro de Valentines, anunció que le hará un juicio al Estado por haber cambiado las reglas de juego. El Poder Ejecutivo entiende que si bien se modificaron las condiciones, eso ocurrió antes de que se firmara un contrato, por lo que la empresa no tendría argumentación jurídica de peso. En cambio, el senador Pedro Bordaberry, quien había tenido participación en las instancias parlamentarias, explicó que la primera vez que se modificó la ley fue para ampliar las áreas a explotar, y la segunda para modificar el canon, lo que da cuenta de un criterio desordenado por parte de las autoridades. Bordaberry agregó que el asunto se manejó con gran desprolijidad por parte de Mujica y de sus asesores y ministros, tratando de hacer leyes “a la medida de la empresa”, por lo que el país se convirtió en una especie de “república bananera”.
Aunque la baja del precio del hierro en el mundo y problemas diversos de la multinacional habían sido invocados, en su momento, para que Aratirí se retirara del país, al producirse variantes en las condiciones pactadas con el gobierno, la empresa entiende que se lesionaron sus expectativas y llevará adelante el reclamo judicial. |
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