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Una amenaza pendiente
 Si bien el incidente promovido por la Federación de Profesores al anunciar que sus afiliados leerían una proclama política en las aulas tuvo ribetes de sainete, la esencia del asunto es preocupante, porque da cuenta de que los dirigentes sindicales de la enseñanza no respetan la laicidad, piedra angular de la República.
El sindicato dio marcha atrás e intentó justificar su pirueta diciendo que había un error involuntario y que en vez de “en las aulas” la proclama iba a leerse “en las salas” de profesores. La explicación fue ridícula y pocos creyeron en ella, quedando la auténtica sensación de que la intención inicial y verdadera de los promotores de la medida era que la proclama se leyera en las aulas. Como se armó un gran alboroto y el Codicen hizo tardíamente un comunicado recordando que incluso hay normas constitucionales que impiden ese tipo de atropello, los profesores buscaron una salida, devaluando finalmente su propuesta inicial a una colocación de la proclama en sus carteleras.
El documento que iba a leerse no es sindical, sino netamente político, ya que, al cumplirse un año de la fallida declaración del Poder Ejecutivo sobre la esencialidad de la enseñanza, se comparaba ese hecho con las medidas tomadas por los interventores de los Consejos durante la dictadura. Es evidente por lo tanto que su divulgación en las aulas —o en las salas— implicaba un claro acto político, del que los profesores no pueden sentirse ajenos.
Ante ello, hizo bien el Codicen al sostener que la lectura de la proclama violaría el principio de laicidad aunque puede considerarse tardía su resolución, ya que se produjo casi 24 horas después del anuncio de la Federación.
Mientras tanto, fue hasta ridícula la forma en que la ministra de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz, trató de referirse al tema, sosteniendo que no tenía opinión sobre el punto hasta que la asesoría letrada del Codicen se expidiera. La siempre locuaz señora Muñoz, habitualmente dispuesta a los más duros agravios y ataques a sus contendores, optó por callarse ante un anuncio tan grave como el que hicieron los profesores. Se trata de una gruesa omisión, ya que era quizás la única oportunidad en que se requería su opinión y fue precisamente cuando “brilló por su ausencia”.
En cambio, resultó enaltecedor escuchar las opiniones terminantes del Dr. Robert Silva, delegado de los docentes en el Codicen, quien de inmediato sostuvo que la acción sindical significaba un duro ataque a la República y a la laicidad.
El hecho en su conjunto puede evaluarse como menor, ya que se trató finalmente de una maniobra en falso de la dirección sindical, pero no debe olvidarse, porque demuestra que los dirigentes de Fenapes se dedican a hacer política —de la peor— y que para concretar sus propósitos no dudan en pasar por encima de los principales valores republicanos y democráticos. Casi nada. |
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