El pasado 10 de noviembre, un juez de lo contencioso administrativo hizo lugar a una requisitoria de la ONG ambientalista “Uruguay Libre” en el marco de la ley de acceso a la información pública, dictaminando que el MIEM debía permitir el acceso a los informes técnicos del proyect “Aratirí”.
El viernes 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno confirmó la resolución del juez de primera instancia.
Cumplidas ambas instancias judiciales, cabría pensar que el MIEM finalmente se allanaría a levantar el secreto sobre los informes técnicos referidos. Empero, el Ministerio insiste en ocultar información.
De las 4.000 páginas que comprende la documentación clasificada, sólo se entregaron 190 a “Uruguay Libre”. El Ministerio sostiene que la información que se reclama “constituye el "negocio" de la empresa y por ende debe ser mantenido en reserva, puesto que la divulgación del mismo puede ser utilizada por un competidor” y que esos datos “son provenientes de una importante inversión en estudios, los cuales tienen valor en sí mismos, de modo tal que la empresa o el Estado podrían obtener un rédito por dicha información, motivo por el cual también constituyen un secreto comercial”.
Puede entenderse que los datos geológicos y los análisis de mercado puedan considerarse secretos por las razones expuestas por el gobierno, pero no es en absoluto razonable que también se consideren “secreto comercial” los aspectos ambientales. Por ejemplo, qué ocurrirá con las llamadas “pilas de estériles” (que pueden superar los 100 metros), o sea, los residuos sólidos que quedan junto a las minas y que pueden ser esparcidos por el viento, contaminando grandes extensiones de territorio.
Y lo que menos puede entenderse es que, habiendo dos fallos judiciales que lo obligan, el Poder Ejecutivo insista en hacerse el distraído y los desconozca. Seguramente, acá también “lo político prima sobre lo jurídico”.