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El cinismo del Frente con los menores infractores
 Un duro revés al discurso oficialista sobre los menores infractores se confirmó al ser procesados dos jerarcas y seis funcionarios del Inau por golpizas y abusos a los menores internados. Las denuncias las hicieron familiares de las víctimas mientras el gobierno miraba para el costado. La tan mentada rehabilitación no existe y en cambio se admitía un sistema que, según la Justicia, se basaba en “reiterados delitos de abusos”.
Una nueva y fuerte contradicción se ha verificado entre el discurso del Frente Amplio y su gestión concreta. Según el discurso, a los menores infractores no hay que encerrarlos, hay que darles tiempo y espacio para su rehabilitación y hay que apostar a la reivindicación. Según la gestión de las autoridades frenteamplistas a cargo del Inau, en los hechos se les encierra, están hacinados en condiciones inhumanas y reciben golpizas y abusos de todo tipo.
En esa medida, y a partir de denuncias de familiares de las víctimas —no por una acción de control del gobierno— la Justicia dispuso el procesamiento de ocho funcionarios, tras comprobar los excesos represivos. Dos exdirectores del INAU y seis funcionarios fueron procesadospor el maltrato a menores internados. Uno de ellos fue procesado con prisión mientras que el resto deberá cumplir penas alternativas.
“Existen elementos de convicción suficientes para juzgar a prima facie y sin perjuicio de las resultancias del proceso, que los ocho acusados incurrieron en la presunta comisión de reiterados delitos de abuso de autoridades contra los detenidos”, afirma el fallo judicial.
En el caso del funcionario procesado con prisión fue clave como prueba un video de unos dos minutos en el que aparece dándole una brutal golpiza a un menor.
La mayoría de los ayer procesados también aparecen acusados en al menos media docena de denuncias por torturas presentadas por familiares de los menores, según informó la prensa.
Es elocuente que las autoridades no sólo no hicieron las denuncias ante la Justicia, sino que además intentaron desacreditarlas. El presidente del Inau, Javier Salsamendi —quien está involucrado en varias de estas denuncias y podría resultar responsable al final del proceso—, el 4 de mayo, en entrevista con El País, respaldó a Villaverde y sembró dudas sobre el “contexto” en el que se sucedían las denuncias.
Consultado sobre el pedido de renuncia hecho por las organizaciones sociales, Salsamendi respondió: “A mí me comentaron personalmente integrantes de esas organizaciones que no miden costos políticos, que no hacen ese análisis… está bien… es la forma que entienden que deben actuar. Nosotros creemos que siempre se deben tener en cuenta los contextos existentes”.
Antes de la actuación judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un crítico informe sobre las condiciones de hacinamiento e higiene que constató en varios centros, fundamentalmente en el Hogar SER. Recientemente, la relatora para los derechos humanos de la Corte Interamericana calificó a ese centro de detención como “campo de concentración”.
Lo peor de todo es la pasividad de los jerarcas y la inacción del propio Poder Ejecutivo. La Justicia determinó que las golpizas “eran llevadas a cabo de forma reiterada dentro del Hogar SER con la participación y el conocimiento” del resto de los funcionarios, quienes se desempeñaban como coordinadores de turno y educadores. A ello se agrega un clima interno de amenazas y coacciones: el funcionario denunciante, José Márquez, explicó a la prensa que cuando sus compañeros supieron que los había había denunciado lo arrinconaron en un patio. “Me quisieron prepotear. Pero yo no soy un gurí y los enfrenté”, dijo. “No sólo pegaban a los gurises, sino que también nos amenazaban para que no los denunciáramos”, expresó. Poco después de la denuncia fue trasladado al ex Regimiento N° 9 a cuidar un predio vacío que carecía de luz y agua y luego fue despedido del Inau, lo que ratificó ante el Juzgado. O sea, el denunciante termina perseguido. ¡Vamos bien! |
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