Por Santiago Torres
La llamada “Ley de abastecimiento” sancionada ayer por el parlamento del vecino país constituye un nuevo salto al universo de la locura económica que, desgraciadamente, habrán de pagar los argentinos más vulnerables.
Uno creía que ya había visto todo. Es más: el ligero “giro ortodoxo” de principios de año permitían pensar que aún quedaban reservas de racionalidad y sensatez en el gobierno de la Dra. Cristina Fernández, pero no, era sólo una impresión: a paso firme y decidido, Argentina ha cruzado el umbral del chavismo económico a través de la llamada “ley de abastecimiento” que presentara el Poder Ejecutivo (que es en realidad una modificación de la disparatada pero escasamente aplicada ley de idéntico nombre, vigente desde 1974).
La ley de marras atribuye al gobierno poderes tan discrecionales sobre las empresas privadas que muchos sostienen que éstas, de hecho, han devenido “servicios públicos”, sea cual fuere su giro, aunque sin las contrapartidas de que gozan las verdaderas empresas prestadoras de servicios públicos.
A partir de ahora, el Secretario de Comercio podrá ser, si se lo propone, el CEO de hecho de todas las empresas privadas instaladas en la República Argentina, salvo que las pequeñas y medianas. Y señalo esto porque podrá imponer precios máximos y mínimos, establecer márgenes de utilidad, obligar a producir o vender, modificar derechos de importación y solicitar a un juez prohibir exportaciones o la intervención de una empresa. Las multas (de pago inmediato) pueden llegar a los 10 millones de pesos argentinos.
Sólo en una mente afiebrada puede anidar la peregrina idea que por este camino podrán controlar la inflación. Es negarse a entender ese fenómeno económico. Mientras el Estado argentino continúe emitiendo y gastando al ritmo que lo hace, los argentinos continuarán sacándose de encima los pesos argentinos al mismo ritmo de vértigo, ya fuere comprando bienes y servicios, lo que incrementa la demanda agregada, fogoneando así la inflación, o comprando dólares en las “cuevas”, devaluando más el peso argentino y —por esa otra vía— fogoneando también la inflación.
Es cierto que el gasto del Estado no es el único factor que alimenta la inflación. Un fuerte crecimiento por exportaciones incrementa la demanda agregada y recalienta la economía. Incrementos salariales por encima de la productividad también contribuye a ello. Pero en nuestros países, es indudable que es el gasto del Estado el principal combustible de la inflación. Lo es en Argentina y lo es en Uruguay.
En suma, se trata de un disparate (otro más y van) que —ojalá— tal vez sea un mero gesto para la tribuna (“Miren, estamos haciendo algo”) pero que introduce nuevas y graves incertidumbres en un escenario que ya era un tembladeral. Como siempre repite un amigo mío argentino, riojano y peronista (no, no es Menem, aunque sí su amigo), donde termina la razón empieza la Argentina. Yo prefiero suavizar su dura humorada y limitarlo a la Argentina K.
Habrá que estar atentos porque por estos lares no abundan pero sí influyen mucho los admiradores del disparatario K.