La UNICEF ha lanzado una campaña en contra del proyecto de ley constitucional la plebiscitarse junto con la elección. Ello, además de una intromisión indebida en el escenario electoral del país, es violatorio de las normas a las que el organismo debe ajustarse.
UNICEF es una agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo cuidar de la infancia y, en ese carácter, naturalmente tiene opinión y competencia para contribuir en aquellos programas que considere beneficiosos para los menores.
Lo que no puede hacer la UNICEF, ni ningún otro organismo internacional de sus características, es inmiscuirse en la política interna de un país y —en medio de un proceso electoral— realizar una campaña que notoriamente supone parcialidad. Desde que hay grupos políticos a favor y grupos políticos en contra, desde que la posición sobre el tema incide en el electorado, resulta absolutamente violatorio de todas las normas internacionales que la UNICEF se introduzca en ese debate.
La Coordinadora de UNICEF en Uruguay, Denise Cook, sale ella misma en una publicidad reconociendo que el organismo tiene que ser “imparcial” pero que “no puede ser neutral” en lo que considera que afecta los derechos humanos de la infancia. Esto es una intromisión indebida, porque si afecta o no afecta a los derechos humanos lo decidirá la institucionalidad uruguaya, conforme a sus códigos y no tiene el organismo que representa el menor derecho a incidir en un proceso electoral.
Menos lo puede hacer mintiendo, porque habla de “ encarcelar” a los menores y de exponerlos a la compañía de delincuentes, cuando el proyecto a consideración expresamente establece que el Estado “asegurará la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho año”. Del mismo, se dispone que ese “Servicio Descentralizado será objeto de un seguimiento especial en el que se dará participación al Comisionado Parlamentario Penitenciario”.
Deliberadamente se desconocen estas disposiciones y se le miente a la ciudadanía. Se trata de presentar a menores encarcelados en medio de los delincuentes habituales, cuando la norma propuesta expresamente dice lo contrario. Se podrá estar a favor o en contra de la iniciativa, pero lo que no se puede es mentir sobre ella y tratar de incidir en un proceso electoral.
Naturalmente, nuestro gobierno no va a protestar ante UNICEF, pero los ciudadanos y los partidos que están patrocinando esta modificación tienen todo el derecho a impugnar esa campaña falaciosa e ilegal, en que una burocracia internacional abusiva se inmiscuye en un debate electoral.