Días pasados, la Dra. Graciela Bianchi, una inteligente profesora que militó en las filas del FA y lo descalifico con el mote de “ izquierda merluza”, en obvia alusión vernácula a la “izquierda caviar “ que crearon en la Francia de Mitterrand para estigmatizar peyorativamente a aquellos socialistas de gustos refinados, que disfrutaban de una vida burguesa ajena a la austeridad de la clase trabajadora y que de marxistas –como casi toda la izquierda actual– nada tenían, ni siquiera en su postura intelectualoide de aparentes “progresistas”.
En nuestro medio, al parecer y a la vista el comportamiento de los dirigentes frentistas, que cada día demuestran su avidez sin límite por el lucro y su preocupación por el beneficio personal, resultaría más adecuada la denominación de “izquierda piraña” por la rapacidad demostrada de “morder” donde se pueda. Acabada muestra son los casos de ASSE, lo ocurrido con el plan de viviendas en manos del PIT FCNT, de los déficits que se acumulan en las cooperativas de las empresas que pasaron a ser gestionadas por los sindicatos o de los emprendimientos público privados de misterioso manejo e incontrolada gestión.
Si a ello le sumamos los pedidos de auxilio financiero de Intendencias de enorme poder recaudatorio como Maldonado o Canelones, pidiendo auxilio a los Bancos y disimulando o escamoteando sus rendiciones de cuentas, el inconcluso cierre del deficitario balance de ANCAP, que ahora tiene una nueva denuncia por pagos “a ciegas” a los proveedores de la División Pórtland, o el millonario desastre de PLUNA, no entendemos las sonrisas y complacencias con que la secretaria del FA Dra. Mónica Xavier habla de la cristalinidad y transparencia como prioridades de los frenteamplistas, con una soltura que ya no engaña a nadie. Porque a los ojos del más incauto de los castigados contribuyentes se acabó aquello de “meter la pata pero no la mano en la lata”, que hoy se caricaturiza en los diarios para regocijo general.
La nueva moda que hoy ha implantado el gobierno es contratar abogados privados para defender ante los juzgados penales las inconductas de sus funcionarios. Esta modalidad, sin precedentes en la historia nacional, hace cargar a los ciudadanos con el pago de los honorarios de quienes son sospechosos de defraudar al erario. Para este disparate no hay explicación posible. Y si los letrados que son funcionarios del Estado no pueden o no saben encarar esas defensas, tarea que además puede ser ajena a sus verdaderas obligaciones funcionales, lo natural y lógico es que la pague el sospechado de su propio peculio y no que el Superior Gobierno las cargue a las espaldas ya saturadas de los inocentes ciudadanos. O sea que el simple ciudadano, que es inocente de toda sospecha, debe pagar un abogado que no precisa ni contrató para que defienda a quien es sospechoso de perjudicarlo, es decir, a su eventual victimario. Ni en la Argentina ocurre este desatino: hasta Boudou se paga su propia defensa.
Para paliar ese y otros despropósitos, sería mejor que Vázquez –que habla de los ancianos como si él mismo no estuviera ya bastante avanzadito en la tercera edad– en vez de prometer regalarle una tablet a los jubilados le sacara a estos el impuesto inconstitucional (IASS), para que se compren lo que quieran, vivan un poco mejor y puedan afrontar las triquiñuelas con las que los castiga el “progresismo”.