Por Jorge Ciasullo
"Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales" (Constitución de la República, Artículo 190).
El presidente de la República Dr. Lacalle declaró a El País (20-3) que "pretende que se agoten todas las instancias y pedirá el reexamen de la denuncia".
Así, transmitió su voluntad a la presidenta de Antel, Annabela Suburú.
Creemos que toda la ciudadanía compartirá esta decisión, no consideramos sano ni aconsejable continuar con rumores, insinuaciones y hasta acusaciones, tanto en los medios como en las redes, de una situación que abarca nada menos que al uso (¿abusivo?) de los fondos públicos.
Consideramos también que, la primera interesada, debería ser la ingeniera Carolina Cosse.
Pero, por el contrario, la ingeniera se embarca en proclamar que se trata de acusaciones sin fundamento y de una operación política para destruir su imagen con candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República.
La investigación debería ser exhaustiva y así lo deberían exigir todos los involucrados, sin que ello signifique acusación alguna.
Debe explicarse minuciosamente la memoria constructiva y descriptiva del proyecto, basado en lo anterior, cronograma de obras y jornales, que no dejen ninguna duda, de cómo se pasó de un costo proyectado en 40 millones de dólares a un costo final de 118 millones de dólares.
Por supuesto que no olvidamos el claro desvío constitucional de "disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales".
Uno de los que se mostró más crítico con las conclusiones del fiscal Machado fue el precandidato blanco Jorge Gandini, quien el 22 de febrero manifestó: "El archivo no cambia los hechos, los hechos son claros. De US$ 40 millones se pasó a US$ 118 millones, muy buena parte por compras directas con observaciones del Tribunal de Cuentas, con irregularidades de todo tipo y naturaleza que se apartan claramente de la normativa y que fueron hechas con absoluta arbitrariedad". Y agregó: "Para mí es una gran decepción porque el mensaje es que se puede hacer lo que se quiere y no pasa nada, y eso está mal, pero respeto lo que dice la Fiscalía". Coincidimos.