Gracias a una denuncia presentada por la actual administración, se desbarató una maniobra fraudulenta por la cual se desviaron $ 10 millones de 2018 a 2020 pertenecientes a la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Esto se suma a las graves irregularidades detectadas el año pasado, cuando se constató la falta de $ 7 millones de fondos culturales gestionados también por el mismo Ministerio en la época frentista.
Luego de detectar una falta de controles alarmantes, en mayo de este año, el Ministerio de Educación y Cultura hizo una denuncia penal por presuntas irregularidades en la Comisión de Patrimonio. En concreto, las autoridades denunciaron el faltante de $10 millones entre 2018 y 2020, cuando gobernaba el Frente Amplio. Aunque se sabe que la maniobra comenzó en 2016, solo hay elementos probatorios a partir de 2018, ya que un problema informático no permitió recuperar la información anterior.
Esta semana, la Justicia de Crimen Organizado condenó por fraude a una funcionaria que, aprovechando la desidia y la falta de control de la administración frentista, a cargo de la inefable María Julia Muñoz, defraudó al Estado por $10 millones. De acuerdo a los pormenores de la investigación que circularon en los medios de prensa, la Justicia comprobó que la funcionaria tenía acceso a las cuentas bancarias de Patrimonio y desde allí se giraba dinero a ella, a su madre y a los abuelos de un amigo.
La funcionaria fue condenada a 22 meses de prisión, medida sustituida por arresto domiciliario y realización de trabajos comunitarios. Además, deberá pagar $ 75.000 y U$S 50.000 por reparación de daños. Finalmente, se le ejecutó un embargo. En mayo, el MEC le había iniciado un sumario con separación del cargo, lo que determinará su destitución.
Lastimosamente, no es la primera irregularidad que detecta la administración de la Coalición en el MEC frentista. Como analizábamos en esta páginas en marzo, desde esa fecha, el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, investiga el faltante de $ 7 millones y una eventual defraudación fiscal efectuada durante las últimas dos administraciones frenteamplistas. Presuntamente, la red de jerarcas, funcionarios y empresarios, falsificaban donaciones para promover eventos culturales a través del Fondo de Incentivo Cultural a cambio de exoneraciones en el pago de impuestos.
En este caso, la denuncia inicial fue realizada por la entonces ministra María Julia Muñoz a dos semanas de abandonar su cargo. Pocos días después de asumir el nuevo ministro, Pablo da Silveira, se conoció el resultado de esa investigación. Allí no solo se constató el faltante de los $ 7 millones, sino que se verificó que se expidieron constancias para que algunas empresas tramitaran certificados de crédito ante la DGI, sin haber hecho efectivo del depósito del aporte en que se fundaría el crédito. Según publicó El País en ese momento, los empresarios investigados ponían como pruebas de las donaciones comprobantes de buzoneras, pero los depósitos nunca se efectivizaban.
Hasta el momento, y como es ya habitual, ni los jerarcas frenteamplistas involucrados ni ninguna autoridad partidaria se ha manifestado sobre estos evidentes casos de corrupción, prefieren fingir demencia y seguir prometiendo un retorno al país de las maravillas, ese que nunca existió.