Astesiano era, ante todo, un charlatán. En los chats que se han filtrado desde Fiscalía -sí, últimamente la Fiscalía es un colador-, se advierte como el excustodio alardeaba de un poder que no tenía, como la utilización del sistema de interceptaciones El Guardián, adquirido por el Frente Amplio en 2013. La izquierda, que hasta hace poco aseguraba que era "imposible" realizar una interceptación ilegal con El Guardián, hoy argumenta lo contrario, intentando validar los alardes de Astesiano al respecto.
La trama de corrupción alrededor de Astesiano -que venía desde los gobiernos frenteamplistas, pero se descubrió en este- ha sido utilizada por la izquierda como una excusa para radicalizar su discurso en contra del gobierno. Casualmente -entienda el lector la ironía-, todas las semanas se filtra -desde Fiscalía a medios de tendencia frentista- algún elemento del caso de alto impacto mediático. Esta semana, fue el turno de unos chats en los que Astesiano aseguraba a uno de sus contactos tener acceso a "El Guardián".
El evidente alarde de Astesiano, desató una tormenta de críticas desde el Frente Amplio, que no dudó en acusar al gobierno de permitir semejante despropósito, a todas luces falso. De inmediato, el Ministro Heber explicó las razones que hacen imposible que el excustodio accediera a El Guardián.
"El Guardián no intercepta teléfonos. Quien intercepta los teléfonos son los operadores telefónicos, el Guardián lo que hace es tener la información que resulta de esa interceptación", comenzó precisando el Ministro en una conferencia de prensa.
"Los operadores telefónicos no hacen la interceptación de la llamada y de las escuchas si no es con orden judicial. Para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerita interceptar ese teléfono. O sea, es prácticamente imposible señalar que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde el Guardián", explicó contundentemente Heber que, además, puntualizó que "queda todo registrado"; por lo tanto, en la medida que la investigación avance y se audite el sistema, quedará más que claro que se trató de una mentira.
Como era de esperarse, en el Frente Amplio no conformaron las explicaciones del Ministro. Y lo más extraño, es que al menos hasta el 2019, sus propios dirigentes, con Bonomi a la cabeza, aseguraban que era "imposible" realizar una escucha ilegal a través del sistema.
De todas formas, nunca es tarde para volver a discutir los aspectos que rodean a "El Guardián", un sistema que, en el año 2013, mientras la Comisión Especial de Inteligencia del Parlamento uruguayo discutía la reforma de la inteligencia, el Ministerio del Interior del extinto Bonomi adquirió en forma secreta y por compra directa, sin licitación -2 millones de dólares por la compra y un mantenimiento anual de 200 mil dólares.
Luego de la misteriosa compra, el tema no fue noticia hasta el año 2015, cuando, a instancias del Ministerio del Interior, el gobierno de Vázquez anunció que pondría operativo el nuevo sistema. De allí en más, el manejo del asunto fue sumamente ambiguo. Mientras algunas personalidades de la Suprema Corte de Justicia declaraban a los medios de prensa que el sistema era perfectamente auditable, otros afirmaban que no lo conocían y que no recibirían la capacitación adecuada para su correcta utilización; de igual forma, en tiendas de Interior, mientras se redactaba un documento oficial en defensa del sistema, expertos afirmaban que no se podían ofrecer las debidas garantías.
Finalmente, recién en 2016, la Suprema Corte de Justicia en conjunto con Interior y la Fiscalía General de la Nación, firmaron un "protocolo de actuación" sobre el sistema. Pero, tal y como informó el programa Todas las Voces en 2019, los términos acordados para ejercer el control del sistema no habían sido respetados por el Ministerio del Interior.
Según se confirmó en su momento, el Ministerio del Interior no cumplió los dos requisitos claves para vigilar el uso del sistema. Por un lado, nunca envío los reportes trimestrales de escuchas realizadas al Poder Judicial, y por otro, nunca instrumentó un convenio para que las empresas de telecomunicaciones informaran al Poder Judicial sobre las interceptaciones realizadas.
Obviamente, tras el escándalo y 10.100 interceptaciones después, se enmendó la situación. Eso fue en julio de 2019. O sea, el correcto funcionamiento del control de sistema se garantizó desde esa fecha, poco antes de que el Frente Amplio dejará el poder.
En lugar de sembrar suspicacias sobre lo que sucede hoy, deberían explicar lo que sucedió de 2013 a 2019.