Por Elena Grauert
En las últimas semanas, hemos asistido a una andanada de rispideces y duras críticas entre los actores políticos, acompañadas de paros, ocupaciones y atropellos varios, que son muestra de una forma muy poco constructiva de expresarse y construir políticas públicas. La pelea y la falta de respeto constante aleja a los actores políticos de un buen relacionamiento, atenta contra los proyectos nacionales fundamentales y obviamente impide un diálogo constructivo.
Teniendo hoy el país enorme desafíos, en la educación, la economía, el futuro, así como la seguridad social y la ciencia, la forma adoptada mayoritariamente por la oposición, no aporta nada y nos aleja del mandato fundamental que es la defensa del bien común.
Si nos alejáramos del concierto de rivalidades políticas y preguntáramos a cualquiera de los actuales líderes políticos, cuáles son los problemas del Uruguay de hoy y del futuro, los temas principales serían, sin lugar a duda, la educación, la seguridad y la seguridad social. Por tanto, las rispideces no son por los temas, sino el cómo dar soluciones, pero sin duda todo debería ser abordable o negociable, en términos de razonamiento y contexto.
Por otro lado, el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó a todos los líderes de los partidos con representación parlamentaria, para tratar temas como la transparencia, el rol de los partidos, la ley de lavado de activos, la ley del financiamiento de los partidos políticos y la ley que pretende "fortalecer" la Junta de Transparencia y Ética Pública.
En una entrevista en Azul FM, preguntado ante tal iniciativa, se refirió a que se debe propender a un buen clima, que en los últimos tiempos actores políticos han hecho acusaciones graves en cuanto a financiación de partidos. Por esto, el titular del Frente Amplio está de acuerdo con la propuesta de firmar un pacto político contra este flagelo.
En realidad, más allá de los enfrentamientos, es bueno que los partidos políticos se reúnan para defender la institucionalidad y la ética. No sólo se puede tratar temas compartimentados, porque la problemática de un país es un conjunto de cuestiones que se interrelacionan, la educación o la seguridad social, son temas tan importantes como la seguridad y al final todo debe tratarse en conjunto y en un contexto.
Es importante destacar que en nuestro país, tanto a nivel legislativo como administrativo, se ha trabajado mucho en generar normas que garanticen el accionar ético de los servidores públicos. Por ejemplo, en todas nuestras Constituciones ha estado presente el principio de servicialidad por el cual el funcionario se debe a su función. Asimismo, ya en 1996 se suscribió la "Convención Interamericana contra la Corrupción", ratificada en 1998 por la ley nro. 17.008. En 1999, la ONSC propuso el "Decálogo de Principios de la Ética en la función pública". Previamente se había aprobado, la ley nro. 17.060 de 1998, conocida como Ley Anticorrupción o Ley Cristal, que pretende prevenir, reprimir y erradicar el "mal uso" del poder público y las prácticas corruptas, se crea la JUTEP.
Por tanto hace más de 20 años que se trabaja en normas positivas, en las que el Estado y los servidores públicos deben cumplir no sólo con conductas trasparentes, sino con conductas éticas, debiendo actuar conforme a los principios que allí se consagran "probidad , transparencia, honestidad, lealtad, buena fe..." . Esto fue profundizado con la sanción de la ley nro. 19.823 aprobada en el año 2019, que al igual que la anterior claramente judicializa o castiga el actuar fuera de las normas de la ética, siendo más descriptiva en gran parte de las conductas.
Claramente el delito de "abuso de funciones", previsto en el art 162 del CP, toma mucho más cuerpo y contenido en el marco de las normas aprobadas, tanto en la ley cristal como en la ley de ética pública, dado que allí claramente se tipifican y castigan actos que constituyen una conducta arbitraria "en perjuicio de la Administración o de los particulares...".
En atención a un acuerdo no explícito en cuales son los temas nacionales, la oposición ha actuado alejada de la defensa de un bien común, cuando, por ejemplo, critica en forma descarnada el anteproyecto de la reforma de la seguridad social. Dado que hubo una comisión a la cual se los participó para formular los cambios necesarios, la actitud fue no participar y cuando sale el proyecto -e incluso previamente- dirigentes del Frente Amplio declararon que era "invotable". Dicha declaración es una falta de respeto con el trabajo de técnicos que estudiaron y formularon un anteproyecto para ser discutido. Es de una soberbia y desparpajo propio de conducta "infantil" o despreocupada que sólo persigue un interés político. Claramente no se tiene porque compartir, pero si vamos a pedir respeto, se debería decir discrepo, no calificarla casi sin conocerla y hacer una contrapropuesta, porque todos sabemos que el tema es de importancia sustancial.
Es importante destacar, que el gobierno al decir que asume la responsabilidad de hacerse cargo, lo que demuestra es todo lo contrario, el actuar conforme al deber ser, más allá de las consecuencias electorales, que importan sí, pero no son el único factor que debe movilizar el accionar de un político.
Lo mismo sucede con los gremios de docentes y estudiantes, a los cuales el Frente Amplio defiende y termina justificando cualquier cosa. Todos sabemos que la educación está mal y requiere un cambio, el actuar ético sería admitir eso al menos, reconocer el dialogo y no salir a incendiar una reforma, que trata de defender la educación pública y a miles de uruguayos y uruguayas que necesitan, escuelas tiempo completo, liceos de tiempo completo, formación técnica, que sus hijos no estén en la calle darle herramientas para un futuro. El inhibir el dialogo y teñirlo de mucha agresividad, en la cual no se escuchan propuestas, sólo reclamos por presupuesto o por el estado de los edificios, no está bien. El gobierno se comprometió a reformar la educación, en defensa de los jóvenes, eso debería respetarse, se dijo no a un pretendido cogobierno animado por el referéndum, por lo que respetar esto es respetar la institucionalidad.
Los gremios de la educación no son los dueños de la verdad, y la sociedad no puede depender de sus caprichos, porque perdemos uno de los bienes más preciado y que nos han distinguido como sociedad, que es la buena educación. Eso no puede ser un anhelo, debe ser una realidad y sólo haciendo cosas diferentes es que podremos perseguir una verdadera equidad.
Esto mismo, se repite en varios temas, lo que no se puede decir, porque es un error de concepto es que se judicializa la política, cuando hay políticos, que aparentemente violaron la ley y por ello son denunciados. Justamente, las normas contra la corrupción y de ética pública, lo que hacen es castigar civil, administrativa o penalmente a quien las trasgredan. Por tal motivo, el funcionario que defendiendo intereses particulares, abuse de su información y realice actos infieles o contra la administración que forma parte, persiguiendo intereses ajenos a sus competencias y funciones, podrá ser castigado y eso no es persecución, es utilizar los mecanismos legales previstos, incluso la utilización de comisiones investigadoras, puede ser necesaria dado que son forma diversas la investigación judicial que la parlamentaria, pero todas legítimas en cuanto al cumplimiento de la ley.
Por lo que, la iniciativa del presidente del Frente Amplio es muy buena, pero la misma no solamente debe tratar sobre cuestiones importantísimas como la ley de financiación de los partidos políticos, sino que debe existir un tratamiento multilateral de todos los temas y un accionar acorde a la conducta ética que se reclama.
Por último, al referirnos a la ética pública, no podemos dejar de mencionar a Max Weber y su ética de la responsabilidad, todo accionar de un servidor público debe tener un "nexo necesario entre convicción, responsabilidad y mesura". El político que se aprecie de tal, debe defender la concreción de los intereses comunes, la mera persecución de acceso al poder o defender una ideología en forma mesiánica sin importar consecuencias, ello constituye un claro alejamiento de una conducta apegada al principio de servicialidad que es el mandato ético y legal reclamado.