Por Ruth Furtenbach
Los últimos días, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) ha vuelto a ser noticia, no solo porque la IMM ha dado marcha atrás en uno de los puntos claves para su desarrollo, sino porque que se están develando otros aspectos negativos que merecen atención.
Recientemente, la IMM ha comunicado su negativa de ceder los terrenos a la UAM, por lo cual estos no pasarían a formar parte del patrimonio de esta última como se había previsto, atentando contra la continuidad del proyecto. Este cambio radical de lo preacordado entre los operadores y la IMM, cambia sustancialmente el horizonte temporal de la actividad de la UAM ya que esta contaría tan solo con una proyección de 25 años según la nueva posición de la IMM.
Un informe presentado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) días atrás, revela un diagnóstico de "riesgo alto" en varios rubros. Esto se debe a "limitaciones para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones" que se traducen en la "falta de seguridad jurídica" -debido a la indefinición sobre la titularidad de los terrenos- e insuficiencia de la capacidad económica para asegurar en tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones financieras".
Cabe señalar que las obras de la UAM las pagamos todos, ya que se financiaron con fondos provenientes de tres fideicomisos: Fideicomiso del Fondo Agroalimentario (IM), de UI 296.596.800 (US$ 40 millones), que se nutre de los ingresos provenientes del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive); fideicomiso para el financiamiento del Parque Agroalimentario (UAM-BROU), de UI 167.500.000 (U$ 22,5 millones); y el fideicomiso para el financiamiento del Parque Agroalimentario II, con aportes del Fondo de Fomento de la Granja, de UI 118.500.000 (US$ 15,9 millones) -este fue descontado por República Afisa, que obtuvo así? un neto de UI 82.650.000- (según el Observador del 14/6 respecto del documento de la AIN).
Los operadores actuales de la UAM no cesan en sus quejas por el malestar que les genera la actividad diaria dentro del complejo. Los principales reclamos refieren a los altos costos operativos que genera la UAM, ya que tanto los peajes que se cobran para el ingreso de vehículos como los alquileres, se consideran excesivos. Y todo ello repercute, obviamente, en un sobrecosto que se traslada a los comercios y en definitiva, al consumidor.
El último hecho llamativo es que, ante los problemas económicos y financieros de público conocimiento que presenta la Unidad, que cada vez tiene menos operadores, la IMM pasará a fiscalizar a los comercios que compren mercadería (frutas y verduras) que no provengan de proveedores que tengan puesto en la UAM. De acuerdo a fuentes provenientes de quienes concurrieron a una reunión mantenida recientemente entre operadores y autoridades de la IMM, parece ser que se pretende comenzar a exigir la exhibición de la factura del proveedor en la cual se deberá detallar el número de puesto al cual pertenece dentro de la UAM, lo cual significa un gran atropello a la libertad de comercio.
Un gran atropello donde la obligatoriedad a proveerse exclusivamente de los operadores que puedan soportar los costos de la UAM, atenta contra las pequeñas empresas y productores que con gran esfuerzo y sacrificio han logrado generar clientes donde colocar sus productos. También atenta contra las microempresas de distribución que unen al productor con el comercio de manera más directa.
Los daños colaterales que generará la fiscalización eventualmente prevista por parte de la IMM a los comercios establecidos en la capital, serán profundos y perjudicarán a los más desamparados, a los que aún no han logrado generar un volumen mínimo para poder estar dentro de la UAM y poder afrontar los costos.
Paralelamente se pretende utilizar la vía punitiva contra el comercio que una vez más queda como rehén de sistemas monopólicos que generan concentración de actividades en complejos costosos que aumentan los precios al consumo. A la vez que se reduce la libertad de contratar con proveedores que pueden tener una mejor relación calidad precio, perjudicando doblemente al consumidor final.
Nuevamente vemos como algunos gobiernos, en este caso, el Departamental de Montevideo, en su afán por seguir regulando actividades, generan distorsiones en el mercado que las terminan pagado los productores más vulnerables y los consumidores finales e intermedios. Aspecto que denota una vez más que la supuesta "sensibilidad social" que pretenden mostrar los gobernantes del Frente Amplio permanece tan solo en sus discursos.
No deberíamos de sorprendernos si en breve se genera un nuevo impulso en los precios de frutas y verduras, así como de la gastronomía y hotelería en general, fruto de los traspasos de costos operativos a la cadena de valor, con la consecuencia directa sobre el índice de precios al consumo (IPC) que tanto deseamos bajar.
El tiempo indicará si volvemos a tropezar con la misma piedra una y otra vez.