Quizá no haya ejemplo más representativo del uso desleal de la historia que el Decreto de sitios de la memoria -aprobado por el gobierno de Mujica- que vuelve a la agenda política producto de la presentación de un proyecto de memorial para expresas políticas que sitúa el comienzo del terrorismo de Estado en 1968, cuando regía en el país un sistema democrático. El jueves de la semana pasada, la Intendencia de Montevideo y un grupo de organizaciones de derechos humanos realizaron la presentación de un memorial, que será erigido en la Plaza de las Leyes frente al Palacio Legislativo, dedicado a ex presas políticas durante la dictadura. En la invitación del evento, cuando se hace referencia a la "actuación ilegítima del Estado" (al "terrorismo de Estado") se la sitúa entre los años "1968-1985".
Dicha referencia no es nueva, fue establecida de forma unilateral (mediante un Decreto) por el gobierno de Mujica, específicamente el 19 de mayo de 2015. Se trata de una vieja embestida de la izquierda vernácula que pretende atribuir carácter dictatorial al gobierno constitucional de nuestro Partido, liderado por Don Jorge Pacheco Areco.
Como ha insistido desde estas páginas el ex Presidente Sanguinetti, quien por momentos ha batallado en solitario, hay que situar las cosas en su contexto. No podemos permitir una tergiversación de tal magnitud. Aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública.
"Eran los tiempos en que la revolución cubana inspiraba a vastos sectores de la población y mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino. Había un país democrático y un país revolucionario...", recordó Sanguinetti en una columna que escribió para Correo de los Viernes el mismo mes en el que el gobierno de Mujica aprobó este antojadizo Decreto.
El gobierno de entonces, explica Sanguinetti en esa misma columna, "...con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró, llegando a unas elecciones en que, además, obtuvo la mayoría."
En esos comicios, el ex Presidente Pacheco obtuvo 439 mil votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en que el Partido Colorado resultó triunfador. "Poseía, además de la legitimidad jurídica, un apoyo popular que le robustecía. Es por lo tanto una aberración histórica hablar de ‘terrorismo de Estado' bajo un gobierno democrático, con libertad de prensa y separación de poderes.", explica el ex Presidente.
La aberración no es sólo histórica, también es jurídica. Machaconamente, se insiste en una supuesta ilegitimidad de las medidas prontas de seguridad que decretó el Poder Ejecutivo y mantuvo el Poder Legislativo de la época. "Se suele decir que el gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero -en todo caso- el Poder Legislativo fue quien -por acción u omisión- resolvió. Y como algunos pensaron que eso le hacía pasible del juicio político, también se intentó y fracasó", argumenta Sanguinetti.
En definitiva, señala el actual Secretario General Colorado en una nota que no ha perdido ni una coma de vigencia, estamos "...ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso".