Por Julio Luis Sanguinetti
Las sociedades modernas suelen caer en simplificaciones, la mayoría de las veces teñidas de ideología, cuando se estudian o discuten los brillos y reflejos que nos muestra la piel y la carne de la empresa pública en cuanto tal. Se crean falsas oposiciones, se forman bandos a favor o en contra y se demoniza tanto al funcionario público como al político.
La casuística internacional de este tipo de empresa no ayuda y regularmente padecen todas las patologías y casi ninguna las virtudes de esa condición. ¿Es presuntuoso preguntarnos, entonces, por qué somos la excepción que confirma la regla? ¿Por qué a más de 100 años de la creación de las mismas, casi todas gozan de buena salud y contribuyen al desarrollo del país y de sus habitantes?
Equilibrio, moderación, flexibilidad, adaptabilidad, compromiso, capacidad técnica, profesional y madurez política explican gran parte del "hoy" y del "somos" de nuestra realidad. Es evidente que la historia ha ido cambiando el contenido de esas cualidades, pero el solo hecho de poseerlas hace la diferencia entre empresas públicas que agregan valor y las que lo quitan.
La naturaleza de la empresa no puede obviar su origen político -como instrumento del Estado y patrimonio de los ciudadanos- y por ello sujeta a los vaivenes gubernamentales. Haber encontrado un equilibrio jurídico que haya permitido aislar el derrotero de las empresas públicas a las circunstancias puntuales de lo político sin duda ha sido parte del éxito. El haber creado una "gobernanza" con la suficiente independencia ha sido clave, lo que sumado a la capacidad técnica y profesional de sus funcionarios y a la fijación de objetivos racionales han redundado en un circulo virtuoso que es nuestra obligación mantener.
La madurez política de entender que la única empresa que cumple sus fines y objetivos es aquella que logra sobrevivir y adaptarse a los desafíos cambiantes del mundo sin ser una carga para sus "propietarios" y más aún, siendo una solución, parte del bienestar de los ciudadanos y palanca para el desarrollo del país. Muchas veces explicar esto es complejo pero es parte esencial de la diferencia entre lo público y lo privado. El objetivo primordial de la empresa pública no es la ganancia sino su "ser instrumental" o deontológico y de allí la necesidad de mantenerlas con salud en todos los aspectos posibles.
Somos instrumentales en distintas versiones, como herramientas del Estado para contribuir a la distribución de la riqueza, como "buey de tiro" para atender a los que no pueden acceder al servicio por su fragilidad social o económica, y como empresa de un servicio público estar a la orden del sector que produce y genera empleo. En UTE, por ejemplo, tenemos la obligación de producir energía a los menores costos posibles, universalizar la distribución, dar calidad al servicio y ser una herramienta de desarrollo.
Sin importar el lugar que se ocupe, todos somos de alguna manera imprescindibles para cumplir con estos objetivos. Es "carne" en nuestra empresa entender la esencialidad de nuestra función y no permitirnos por un momento poner nuestras diferencias por encima del bien común. Como director político me siento en la obligación de hacer el doble de esfuerzo para estar a la altura de lo que cada uno de los funcionarios de UTE me ha mostrado en estos dos años de trabajo conjunto. Nuestro mayor valor es la cultura de trabajo construida, haber entendido que la educación continua y la capacitación permanente nos hace diferentes y saber que tenemos una misión que la ciudadanía nos ha encomendado como esencial.
Debo reconocer mi inicial escepticismo en la función que cumplo y es motivo de regocijo personal el haber encontrado la manera de aportar mi grano de arena en la construcción de un presente que no se detiene y un futuro que no esperara. Sartre decía: "el compromiso es un acto, no una palabra".
(*) Una versión original de esta columna fue publicada en la revista Somos, de circulación interna de UTE.