Que los responsables directos de haber sumergido al Uruguay en una zona denominada internacionalmente como de "epidemia de homicidios" sean los mismos que hoy dan catedra en la materia, resulta increíble. La situación es compleja, ya lo sabíamos. El Frente Amplio entregó el país con 30.000 rapiñas, 145.000 hurtos y 400 homicidios por año. Pese a la innegable seguidilla de homicidios acontecida en las últimas semanas, los registros están lejos de ser peores que los heredados. Luego de una baja consecutiva de dos años, en las últimas semanas se registraron una serie de homicidios que podrían -todavía falta un mes y medio para cerrar el primer semestre de 2022- amortiguar el descenso logrado hasta el momento por el gobierno de coalición. La impotencia que generan situaciones como las que lastimosamente estamos viviendo a diario, no nos pueden nublar el juicio. Los números son los números.
Comencemos dotando de contexto la situación. Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, luego de una de las peores crisis económicas que ha vivido nuestro país, se habían registrado en Uruguay 7.000 rapiñas, 98.409 hurtos y 200 homicidios. Tras una década y media de crecimiento económico, que permitió multiplicar por cuatro el presupuesto de seguridad, el Frente Amplio entregó el país con 30.000 rapiñas, 145.000 hurtos y 400 homicidios. En 15 años, las rapiñas se incrementaron un 328 %, los hurtos un 47 % y los homicidios un 100 %.
Eso fue lo que heredó la coalición cuando ingresó al gobierno. El fracaso es inobjetable y debería alcanzar para que los "padres" de este desastre se llamaran a silencio, pero no. Pues bien, sigamos con el contexto. En el último año cerrado, 2021, todos los delitos descendieron en comparación con 2020, año en el que también habían bajado. Los homicidios bajaron 11,2 % (38 menos que en 2020); las rapiñas un 13, 5 % (3.875 menos); los hurtos un 5,5 % (6.553 menos); la violencia doméstica un 0, 5 % (207 menos); y los abigeatos un 39,2 % (861 menos).
"La gente hoy debe añorar vivir en el 2019", dijo recientemente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al ser consultado sobre los hechos antes mencionados. ¿Será así? Si comparamos 2021 con 2019 -el último año de gestión frenteamplista- la reducción de los delitos es incluso más significativa. La baja en los homicidios es de 23, 7 %; en las rapiñas un 18.8 %; en los hurtos un 19, 9 %; en la violencia doméstica un 1,3 %; y en el abigeato un 36,4 %. Es decir, que hubo 93 homicidios menos; 5.774 rapiñas menos; 27.894 hurtos menos; 472 delitos de violencia domestica menos; y 765 abigeatos menos.
¿Añorará la gente tener 93 homicidios más, como argumenta Pereira? ¿No habrá sido suficiente con que el Frente Amplio lograra duplicar el número de homicidios (de 200 homicidios a 400) como explicamos al principio? ¿Qué pretenden? ¿Qué el gobierno de coalición solucione en dos años y pocos meses una situación de descuido de una década y media?
Es increíble que, además de decir barbaridades como las que dice -cada día con más frecuencia- Fernando Pereira, los "mesías" de la seguridad del Frente Amplio sean Charles Carrera (exdirector general del Ministerio del Interior) y Gustavo Leal (exdirector de convivencia). ¿Qué proponen los "expertos" frenteamplistas? ¿Volver atrás, como sugirió el presidente de su partido? ¿Intentar nuevamente dejar sin efecto las herramientas que la LUC que dio a la Policía? ¿Liberar presos, como hizo el Dr. Díaz? ¿Decir que todo es "sensación térmica", como hizo la Mtra. Tourné? ¿Sugerir a la población que se deje robar, como hizo el Sr. Bonomi?
Seamos serios. La situación heredada es sumamente compleja. La guerra entre narcotraficantes, responsable de la oleada de homicidios que nos toca atravesar, no se termina de un día a otro. Es innegable que la lucha del gobierno de coalición contra el narco ha sido frontal y lo seguirá siendo. Se han judicializado más delincuentes que nunca, se ha incautado más droga que nunca. Pero, lógicamente, cuando el piso son los 400 homicidios que dejó el Frente Amplio -y una situación de anomia nunca antes vista-, una reducción de 100 es poco. No alcanza. Y el gobierno lo sabe.
Por fortuna, se acabaron las excusas. Las autoridades han asumido la responsabilidad de los hechos con los que deben lidiar, trabajando rápidamente en soluciones. El gobierno tiene siete meses y medio para compensar esta triste situación y lograr un tercer año consecutivo de reducción de los delitos. El dato seguirá venciendo al relato.