Correo de los Viernes - Yihad ambientalista: el caso Paso Picún

Yihad ambientalista: el caso Paso Picún

Por Tomás Laguna

Hace unos 25 años la sustentabilidad de los sistemas agrícolas pasaba por la introducción de la labranza cero, desterrando el arado de rejas y peor aún, el de discos. El argumento que explicaba esta nueva cultura conservacionista refería al suelo y la necesidad de preservar sus estructuras, recomponer la materia orgánica en el perfil y por encima de todo, permitir su uso productivo para las futuras generaciones. Quedaban atrás las prácticas esquilmantes que terminaron con las tierras productivas, cuando, por desconocimiento, en el boom agrícola de los cincuenta se depredó las mejores tierras agrícolas de gran parte del país.

Hace unos 15 años las prácticas culturales de manejo de suelos y otros recursos productivos ya no referían al predio sino a la sociedad, en particular en el entorno inmediato a los sistemas productivos. El productor, los técnicos de la producción, debían ser cuidadosos en el uso de efluentes, envases plásticos y agroquímicos, evitando generar efectos contaminantes en el entorno de los predios rurales. La iniciativa recaía sobre la producción frente a la sociedad.

Hace unos 10 años la sociedad asumió rol protagónico pasando a formular las normas que ya no obedecían a la libre responsabilidad asumida por el productor sino que lo predeterminaban en todo lo que tiene que ver con aquellas prácticas que por una u otra razón son pasibles de afectar el medio ambiente. Y así como determinó los límites y condiciones para las prácticas culturales de la actividad agropecuaria, también determinó las sanciones por su incumplimiento. El caso más claro lo fueron los ajustes a la ley de uso y conservación de suelos que estableció coercitivamente un Plan y Uso para el Manejo de Suelos a ser refrendado y verificado luego por el MGAP. En el mismo período de tiempo la Dirección de Servicios Agrícolas del MGAP estableció normas muy precisas para la aplicación de agroquímicos, registró a las empresas con autorización previamente otorgada para aplicar estos productos, organizó su cuerpo de inspectores y por supuesto, estableció sanciones toda vez que existen infracciones constatadas.

El estado de derecho a través de sus instituciones estableció las normas y quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir. Es una delicada tarea que debe ajustarse a un muy cuidadoso equilibrio en el cumplimiento de las normas de ultima generación y el desarrollo del agro negocio de exportación, aquel que más multiplica al resto de la economía, genera empleo y permite que nuestro país sea viable como productor de alimentos para un mundo demandante. Nos consta que así ha actuado el MGAP en todos estos últimos años.

Pero nada de esto ha sido suficiente para el extremismo ambiental. Aquel que pregona la involución al estado natural de todo el eco sistema productivo. Los que ven en el agro negocio un demonio del capitalismo que, además de explotador del hombre, es depredador del medio ambiente. Aquel cuyo paradigma productivo se concentra en la producción orgánica, sin percatarse que le dan esa manera la razón a Maltus en sus profecías del fin de la humanidad por falta de alimentos. Ambientalistas de panza llena y preocupaciones burguesas cuya mejor expresión está concentrada en la cómoda sociedad europea. En fin, corrientes de pensamiento que una vez caído el muro de Berlín se mimetizaron en la defensa de la ecología para encontrar un frente de batalla contra el capitalismo, pero por supuesto disfrutando siempre de sus beneficios, faltaba más…

Así las cosas, la Intendencia de Canelones se ha transformado en una suerte de ISIS del ambientalismo, enquistado en el estado uruguayo. Implantó sus propias normas, por cierto más estrictas que las que rigen en todo el país. Y por supuesto tiene sus propios muyahidines. Una señora de rasgos psicóticos que pretende vivir aislada del Uruguay productivo y moderno fue a dar con su atribulada humanidad en una pequeña chacra contigua a un predio rural de 500 has de uso agrícola, propiedad de un médico que ejerce su profesión en la misma ciudad canaria. En su fanatismo ambientalista y confesión anti capitalista, la muyahidin canaria inició su propia cruzada contra este médico infiel y hereje. No está sola, las autoridades canarias respondieron de inmediato atendiendo las denuncias diarias de esta señora, las que además llevó a los medios de prensa que se alimentan de todo lo que sea anti sistema. Así La Diaria, La Juventud, y hasta Brecha se integraron a la yihad canaria.

A esta altura corresponde señalar que las denuncias también llegaban al MGAP el cual, a través de la Dirección de Servicios Agrícolas debieron disponer de un inspector para realizar inspecciones semanales cuando no diarias. Es cierto que el MGAP le impuso alguna multa al persistente agricultor, pero todas menores por hechos también muy menores y no por las exigencias extremas establecidas para Paso Picún. Es que si las condiciones establecidas por el ISIS canario para esta zona se extendieran a todo el país, seguramente desaparecía la producción agropecuaria y el agro negocio de exportación.

Al perseverante productor solo le quedan sus recursos y acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras tanto, su persona es vilipendiada públicamente gracias al facilismo simplista con que se acepta todo argumento que estribe en supuestas defensas ambientales, y la sociedad asiste, unos con indiferencia y otros regocijándose, del degüello público en aras de una guerra santa puramente ideológica, la que definitivamente tiene hoy un departamento entero dónde enquistarse: el ISIS canario.