Voy en UBER

Por Consuelo Pérez

A casi un año de que la empresa Uber comenzara a operar en Uruguay, el gobierno no ha logrado encontrar un mecanismo que contemple el accionar de la misma de acuerdo a sus pretensiones, y se desgasta en improductivas reuniones con las partes que se sienten afectadas, mientras intenta realizar una cacería inconducente de los choferes de la misma.

En ese marco, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) realizó el pasado miércoles un paro que continuó con una movilización y que pasó por el Palacio Legislativo, la Intendencia de Montevideo y la Torre Ejecutiva. Los sindicalistas se concentraron en su sede, que se encuentra en el barrio de La Aguada, para luego continuar con su periplo. Cortaron la calle quemando cubiertas cuando estuvieron en los alrededores del Palacio Legislativo, pues entienden que desde allí debe surgir la solución que reclaman.

El motivo de la proclama del paro es en "contra Uber y la ultra flexibilización de las relaciones laborales y de prestación de servicios" lo que nos da una pauta de la vastedad de la exigencia.

Porque la “flexibilización de las relaciones laborales y de prestación de servicios” es algo que viene de la mano de la tecnología, de la globalización, de un sinnúmero de nuevas condicionantes y parámetros de estos tiempos, más allá de los derechos adquiridos, y que ni siquiera tiene que ver directamente con los mismos. Claro, esto es así si nuestra legislación, si nuestro cerebro, va en concordancia con ello. De lo contrario, pasa lo que pasa.

Es sabido que desde que Uber irrumpió en el mercado, todo ha sido un alboroto. Desde la petición de la Patronal del Taxi para que no se los aceptara, la reunión entre los abogados de la Intendencia de Montevideo (IM), hasta la comisión creada por el presidente, Tabaré Vázquez, para ver su legalidad y seguir con las instancias que correspondieren. Nada ha dado resultado, y a esta altura, lo único meridianamente claro de este caos es que todas las partes buscan, como es natural, su propio beneficio.

Obviamente no analizaremos aquí los aspectos legales, los concernientes a las obligaciones de las partes –empresa y choferes– ni el sinfín de acusaciones, denuncias, y otros mecanismos que han sido utilizados por el Suatt, por la Patronal de taxis y hasta por la propia Intendencia de Montevideo –IM– para desarticular a la “banda” que está actuando “impunemente”, pues es asunto de especialistas.

Hasta se ha instalado, a veces por parte de la propia IM una “caza de Uber”, y nos referimos a sus choferes, mediante diversos mecanismos, que comprenden el interrogatorio de un “sospechoso” y su acompañante por parte de inspectores de la IM, hasta el patoterismo de taxistas encerrando a choferes de Uber, agresiones, amenazas, y procesamientos por esos motivos.

Si bien no prosperó, el proyecto de ley de un diputado oficialista que no merece ser nombrado, suponía el pago de suculentas sumas a los denunciantes “arrepentidos”.

Si el nuevo sistema funciona y crece, es porque los usuarios –muchos– se encuentran satisfechos con sus prestaciones, que suponen atención, traslado de acuerdo a lo solicitado y precio, entre otras.

La IM rechaza el funcionamiento de la empresa Uber por fuera del orden jurídico departamental y nacional, además de declarar su voluntad para “buscar una solución en el marco del respeto”, lo que implica que es el Poder Legislativo el que debe aportar la elaboración de una ley que regule las aplicaciones informáticas que brinden servicios de transporte público, pero lo concreto es que su relacionamiento con los reclamantes es funesto, y la supuesta Ley no aparece.

El gobierno debe responder a una problemática concreta, y no lo hace.

La situación genera enfrentamientos entre las partes, y se ve involucrada la población, rehén en muchos casos de la situación.
 
Los usuarios se encuentran divididos, y desde el gobierno se fomenta esa “división”, por su inacción y actitud persecutoria, entre los que viajan Uber, que son muchos, todos lo sabemos, y los que no lo hacen.

Es curioso, pero este escenario de enfrentamiento, confrontación de las partes e inacción de los responsables, se da en casi todos los asuntos que están dentro de los cometidos del gobierno, o a la espera, como en este caso, de una resolución del mismo.

Vamos bien...



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