Verdad o justicia

Así como es respetable y compartible la exigencia de los familiares de las personas desaparecidas durante la dictadura de saber la verdad, es contradictorio que se requiera a los militares que den información, cuando al mismo tiempo se les amenaza con encarcelarlos. El pasado es ya de por sí muy dramático como para que, encima, le agreguemos discusiones cargadas de dogmatismo.

Los gobiernos que se han sucedido tras 1985 han hecho, cada uno en sus circunstancias, todas las tareas posibles para ubicar los restos de las personas desaparecidas en territorio uruguayo durante la dictadura. Los avances en ese sentido han sido paulatinos y complejos, en la medida en que la información disponible es escasa. Los protagonistas han venido muriendo y las actuales autoridades militares no tuvieron vinculación con los hechos, por lo que la reconstrucción de las trágicas historias es muy difícil.

En su tiempo, las organizaciones vinculadas a los familiares, sectores sindicales y grupos del Frente Amplio, criticaron al Partido Colorado por —supuestamente— no haber aplicado el artículo 4º de la Ley de Caducidad, que precisamente establece la obligación del Estado de llevar adelante las investigaciones necesarias. Sin embargo, esa crítica se dirige ahora al Frente Amplio, indicándose que tanto el Dr. Vázquez como Mujica no pudieron o no quisieron avanzar decididamente en la búsqueda.

Como la información que aún pueda existir depende de los militares sobrevivientes, que son pocos, conviene tener en cuenta que en 2011 el Frente Amplio votó —en contra de la voluntad popular expresada en dos instancias electorales— una ley interpretativa de la Ley de Caducidad o amnistía a los militares, tras cuya vigencia varios militares fueron procesados y presos. Desde entonces se da la contradicción de que se le reclama a los militares retirados que participaron de la represión que den información sobre los desaparecidos, pero a la vez se les amenaza con llevarlos presos o directamente ya han sido procesados. En esas circunstancias, es muy difícil que el país pueda avanzar en el camino de la verdad, ya que es muy difícil extraerle datos fidedignos a los pocos autores o testigos que van quedando. Con la ferocidad que a veces caracterizaban sus dichos, el exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, el Ñato, dijo que para obtener información habría que torturar a los militares...

Comprendemos que los familiares y sectores de la opinión reclamen saber la verdad. Es un sentimiento respetable y que compartimos. Pero sumar a ello el reclamo de encarcelamiento y de “castigo”, como expresamente se sostiene, resulta por lo menos una contradicción que va exactamente en contra del propósito que se proclama.



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