Uso y abuso del seguro por desempleo

Por Jorge Ciasullo

El seguro de desempleo o de paro, es una herramienta que debe existir, pero a la vez, debe ser aplicada con criterios de buena administración de fondos públicos y no que, por medio de su asignación y sucesivas extensiones, desvirtúe su esencia temporaria, transformándola en una herramienta política.

Desde principios del Siglo XX, ha sido preocupación de todos los gobiernos la protección del trabajador, así, fueron aprobándose diversas leyes relativas al despido o cese de relación laboral y al seguro de desempleo.

En la actualidad el seguro de paro, es una prestación regulada por la ley 18.399, sancionada el 22 de octubre de 2008, que resume varias normas anteriores, estableciendo en su Artículo 6: El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un plazo máximo de seis meses en los casos de despido o trabajo reducido, y de cuatro meses en los casos de suspensión total, calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del presente decreto-ley.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales en los casos de despido o trabajo reducido, y de cuarenta y ocho jornales en los casos de suspensión total, calculados conforme a lo previsto en el artículo 7º de este decreto-ley y no pudiendo excederse mensualmente de los límites allí establecidos.

Se dispone asimismo, cuando, agotado el tiempo establecido para el beneficio del subsidio, podrá el trabajador solicitarlo nuevamente en los siguientes términos:

6.4) Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo, podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación, y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Asimismo, establece su Artículo 10: (Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general y por un plazo no mayor a un año, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas, así como a prorrogar, por idénticas razones y plazo, el servicio de las prestaciones previstas en el presente decreto-ley siempre que, en este último caso, se documentare la transitoriedad de la falta o reducción de tareas y el compromiso de preservar los puestos de trabajo.

En tal virtud, en claro uso y abuso de esa disposición, fueron aprobadas sucesivas prórrogas a diversas empresas, con el agravante que algunas de ellas, habían sido subsidiadas con préstamos –nunca recuperados- como lo fue Pluna-luego Alas U- Invidrio, Fanapel y sus derivados, etc. En este último caso donde se extendió 3 períodos de 6 meses y finalmente a mediados de octubre se votó 1 año a una empresa que está cerrada, donde hicieron miles de cursos y ningún trabajador tuvo inserción laboral.

En los últimos días del pasado mes, fueron aprobadas extensiones del beneficio del seguro de desempleo –hasta el 31 de diciembre de 2019– :

- “a contar desde el momento que venza el actual subsidio al seguro de paro” a los trabajadores de las empresas lácteas Pili (Paysandú) y Coleme (Cerro Largo), así como a Olmos, Orosur Lorysen .
El resultado es que el seguro por desempleo se acerca a la cifra record de 40 mil personas.

Se preguntará el lector ya no en base a qué y con qué urgencia –porque no la tiene– ¿se extendió el subsidio? sencillamente es que, a partir de un año anterior a las elecciones nacionales, la Constitución impide, entre otros aspectos, determinar aumentos de sueldos, pasividades o cualquier tipo de innovación previsional.

En resumen, el gobierno descuenta que esos trabajadores en los próximos 14 meses no conseguirán trabajo y deja el problema para “quien venga”, a la vez que procura –sindicatos mediante– no irritar a posibles votantes. En una palabra, el gobierno otorga seguro de paro, pero no genera puestos de trabajo, ni lo intenta. Obsérvese que nunca son beneficiarios los trabajadores que no integren un grupo de presión organizado (sindicatos).

En definitiva: “Todos los animales son iguales, pero algunos más que otros” (Rebelión en la Granja –Animal Farm en su original– de George Orwell).



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