Nuevamente, el sistema tecnológico de interceptación de comunicaciones, adquirido en secreto por el Ministerio de Interior, fue noticia. Desde su puesta en funcionamiento, hace tres años, El Guardián lleva 10.100 interceptaciones sin que la Suprema Corte de Justicia –principal fuente de control externo del espía informático– pudiese verificar la legalidad de las mismas. El asunto es muy grave y demuestra el desprecio del Ministro de Interior por las garantías y el Derecho.
El pasado martes 2, en el programa Todas las Voces, la periodista Viviana Ruggiero puso al descubierto al Ministerio del Interior tras asegurar que no se estaban cumpliendo las garantías acordadas con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para la interceptación legal de comunicaciones.
Según informó Ruggiero, de acuerdo a una auditoría realizada en el área del Ministerio del Interior que se encarga de la gestión de El Guardián, el Ministerio nunca envió a sus contrapartes los reportes trimestrales que permiten verificar –mediante el cruce de información– la legalidad de las interceptaciones.
En el año 2015, luego de que el Ministerio del Interior anunció que iba a poner en funcionamiento el sistema, estalló una nueva polémica respecto a las garantías que en ese caso tendría la ciudadanía. Debido a ello, las autoridades implementaron dos acciones.
Por un lado, se instrumentó el denominado Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), un software distinto a El Guardián que permite –vía web– gestionar las escuchas: desde la Policía al Fiscal, del Fiscal al Juez y del Juez a la operadora telefónica.
Por otro lado, en el año 2016, la Justicia y el Ministerio firmaron el Protocolo de actuación para interceptaciones legales de comunicaciones. Como se dijo al principio, en dicho memorando el Ministerio se comprometía a enviar una serie de reportes trimestrales que permitiesen verificar la legalidad de las interceptaciones. Por su parte, la Justicia tenía la obligación de designar el funcionario que recibiría dichos reportes y establecer un mecanismo para solicitar a las operadoras telefónicas el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas.
Ante el anuncio de los medios de comunicación, referidos a la omisión del Ministerio, Bonomi insistió que en la actualidad “no se puede”, “es imposible”, realizar una interceptación ilegal, al tiempo que acusó a la Justicia de no haber designado al funcionario que recibiría los reportes tal y como se había acordado.
De inmediato, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado desmintiendo a Bonomi y señalando que el 8 de mayo del año 2017 se estableció que el secretario legrado Gustavo Nicastro era el “responsable de la recepción de los reportes”.
Luego de su comparecencia a la comisión de seguridad del Senado, Bonomi evitó declaraciones sobre la mentira esgrimida y volvió a insistir que, de acuerdo al mecanismo establecido por el SAIL, es imposible que se realice una interceptación de las comunicaciones dado que el que “tiene la llave”, es decir, la última palabra para la autorización, es el Juez competente.
El Ministro adelantó que antes del fin de semana la Justicia recibirá los reportes pendientes y que en caso de que las operadoras telefónicas –obligadas a comunicar a la Justicia el detalle de las interceptaciones realizadas para cotejar con las que eleva el Ministerio– se evalúa establecer la obligatoriedad mediante la presentación de un Proyecto de Ley.
En definitiva, no es la primera vez que el caso de El Guardián deja al descubierto la incompetencia y el oscurantismo de las autoridades del gobierno. Desde el principio, el manejo del asunto ha sido sumamente ambiguo y escasamente transparente. Vale recordar que El Guardián toma estado público cuando las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento buscaban generar los consensos necesarios para garantizar las actividades de inteligencia en democracia.
El gobierno debe asumir, de una vez por todas, el compromiso de establecer las garantías necesarias para el adecuado uso de las tecnologías en el combate al delito. Para cultivar confianza es necesario sembrarla, cosa que hasta el momento no han hecho las autoridades oficialistas.
