Una ley impracticable

El progreso manuscrito que caracteriza a nuestra idiosincrasia –según el cual, las leyes y los reglamentos pueden resolver los problemas- quedó otra vez en jaque en el Puerto, dónde hubo que lograr un acuerdo válido pero distinto a las normas para garantizar el funcionamiento básico de las operaciones.

El artículo 116 de la ley de Rendición de Cuentas establece que “empresas prestadoras en depósitos portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, deberán mantener una dotación de personal estable suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales”.

Al analizarse el texto, grupos vinculados a la actividad portuaria –el Centro de Navegación, la Unión de Exportadores y representantes de los sectores productivos– concurrieron al Parlamento para explicar el impacto negativo que tendría el proyecto, dado que se trataba de una propuesta que inevitablemente iba a encarecer los servicios portuarios en tiempos en que Montevideo ha venido perdiendo tráfico en favor de Buenos Aires, precisamente por un tema de costos. También argumentaron que una regulación tan estricta va en contra de la ley de puertos, que promueve precisamente la oferta de “servicios libres”. Pero, como ha ocurrido en varias otras oportunidades, el oficialismo impuso sus mayorías automáticas.

La medida no pudo aplicarse y hubo que prorrogarla en once oportunidades lo que demuestra lo impracticable que era.

Finalmente, el Centro de Navegación y el Sindicato Único Portuario y Afines (Suanp) llegaron a un acuerdo para regular por su cuenta las prestaciones, defendiendo el trabajo pero sin trabar la operativa, ni fijando los mínimos horarios regulados por la ley.

La experiencia debería ser tenida en cuenta por los parlamentarios, tan predispuestos siempre a promover la inflación legislativa.



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