Un subsidio arbitrario e inconstitucional

La Vicepresidente Lucía Topolansky resolvió por su cuenta concederle un subsidio a Raúl Sendic, en una medida arbitraria e inconstitucional.

Yendo en contra de lo que las oficinas jurídicas del Palacio Legislativo le indicaron y basándose en un dictamen de sus propios asesores personales, la Vicepresidente Topolansky resolvió por su cuenta autorizar el subsidio establecido por ley a Raúl Sendic.

La resolución de Topolansky es abiertamente inconstitucional, ya que el numeral 10 del artículo 77 de la Carta Magna impide que los legisladores o intendentes que renuncien cobren compensación alguna hasta que termine el período de su mandato. La ley establece un subsidio de un año para varios funcionarios del Estado, pero a su vez la Constitución establece límites.

Dice ese texto constitucional: “Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspondan, ni a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la elección para poder ser candidatos”.

Quiere decir que el subsidio –de U$S 13 mil dólares por mes, correspondientes al 85% del sueldo del Vicepresidente– debe ser autorizado por los tres quintos de la Asamblea General, el mismo órgano que aceptó la renuncia de Sendic.

No es una novedad que los mandatarios frenteamplistas desconozcan en forma grosera la Constitución y las normas. En este caso, la resolución de Topolansky, que seguramente será revisada y corregida, no solo demuestra desconocimiento jurídico sino que además expresa un desprecio concreto por los mandatos constitucionales, ya que la señora Vicepresidente fue específicamente advertida, por asesores jurídicos del Palacio Legislativo, que su resolución estaba vedada por la propia Constitución.



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