Un nuevo concurso arreglado, ahora en la Cancillería
 Según una denuncia del diario El Observador, un concurso para ingresar al servicio exterior fue amañado para beneficiar a tres concursantes, uno de ellos amigo del MPP.
La nota de El Observador asegura que la Cancillería cambió en forma arbitraria lo establecido en las bases del concurso, adjudicándole dos puntos más a los concursantes que llegaron al final del concurso, compuesto por sucesivas pruebas. De esa manera irregular, tres de los concursantes resultaron beneficiados por encima del puntaje que les correspondía, con lo que acceden a los cargos sin merecerlo. Uno de ellos es Santiago España Bombau, hijo de Ana María Bombau, embajadora de Uruguay en Panamá.
La historia de Bombau dentro de la cancillería es controversial. Comenzó como funcionaria administrativa y luego pasó al Servicio Exterior en una época en la que se permitían que los administrativos cambiaran de escalafón. Siendo consejera, Bombau fue designada como directora de Protocolo durante la cancillería de Luis Almagro y en 2014 salió como embajadora política del Frente Amplio en Panamá. De hecho, Bombau constituye uno de los pocos casos que, siendo funcionaria y teniendo un rango relativamente bajo en la jerarquía del ministerio, logró ser embajadora política. En su momento, la nominación generó una pequeña tormenta en la interna del ministerio que incluso ameritó la participación de gremio de los diplomáticos (Afuseu).
Fuentes diplomáticas dijeron que Bombau tiene llegada a la cúpula del Movimiento de Participación Popular (MPP): la vicepresidente Lucía Topolansky y el expresidente José Mujica. De hecho, fue en el gobierno de Mujica cuando la funcionaria tuvo su inesperada promoción.
Al haber cambiado las bases, de las 17 vacantes generadas se llenaron 11, pero hubieran sido solo ocho en caso de que la administración no hubiera decidido agregar dos puntos más.
Para culminar la increíble crónica, el Canciller Nin Novoa declaró, al ser consultado sobre este punto concreto por la prensa, que se trató de “un error involuntario” y que por ese motivo no iba a sancionar a nadie. Subrayó que esta edición del concurso había sido “absolutamente transparente como ha sido siempre”.
Pese a ello, tras una consulta con la Oficina del Servicio Civil, el Ministerio resolvió echar para atrás con la resolución inicial de admitir el ingreso de los 11 seleccionados admitiendo sólo a ocho de ellos y descartando a los tres postulantes que habían sido beneficiados irregularmente.
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