Correo de los Viernes - Un horno y la ética

Un horno y la ética

Por Jorge Ciasullo

El proceso de compra de un horno para la planta de cemento de Ancap y el estado actual de los equipos- guardados en más de 100 contenedores desde hace 5 años-más allá del gasto, no hace más que generar desconfianza en las instituciones públicas, a la vez que desnuda una ausencia de principios y valores éticos.

Ante un pedido de informes por parte del senador nacionalista Alvaro Delgado, Ancap respondió que todavía no sabe qué hacer con el horno que compró para la plante de cemento, y tampoco se tiene idea de cuál sería su precio en caso de ponerlo a la venta.

Parecería que hay dos opciones: a) armarlo o b) venderlo. Para la opción a)- armado- se estima que costaría 100 millones de dólares, siempre que todos sus componentes se encuentren en buen estado de conservación.

Por otra parte, tal como ha declarado la presidenta de Ancap, Marta Jara, no hay nivel de demanda que justifique su instalación. En efecto, debería producir y colocar 730 mil toneladas anuales de cemento, más del doble de lo que produce Ancap actualmente, para que en el año 2023 se recuperara la inversión.

Para la opción b) venta, no hay y no puede haber idea de cuál sería su precio, por la sencilla rezón- además de los avances tecnológicos (tiene 5 años de antigüedad)- que es probable que sus garantías, en particular en las relacionada con la informática, hayan caducado.

Por otra parte, considerando esta situación, el horno no debería figurar como activo de la empresa, porque el verdadero activo en el balance sería su valor de compra, restado el valor de venta, pero no hay nada que permita suponer que se pagará en caso que se logre vender, por encima de su costo sino por debajo, esa diferencia debe figurar como pérdida. Mantenerlo como activo, es dibujar los números.

Sería interesante conocer: ¿cómo se llegó en el directorio de Ancap (administración Sendic), a la decisión de compra de estos equipos?; ¿quiénes fueron los especialistas que asesoraron al directorio sobretodo –como ya lo hemos dicho poco tiempo atrás- si hubo un estudio de mercado, que asegurara la colocación del total de la producción?; ¿si se estaría en condiciones de competir interna y externamente? Y, finalmente: ¿ si se tomatón en cuenta las tres variables clásicas de toda inversión: 1) rendimiento esperado; 2 riesgo aceptado (posibilidades) y 3) horizonte temporal, (período de tiempo máximo en el que estima se recuperará la inversión)?

Por todo lo anterior, es que nos surge la duda que planteamos tanto en el título como en el encabezado de estas líneas, relacionando la compra con la ética que debe prevalecer en todo funcionario público cuando debe tomar decisiones de esta naturaleza, actuando, en primer término, alejado de sus ambiciones políticas o partidarias.

Ha sido preocupación del hombre desde todos los tiempos, los valores que debe guardar todo ciudadano tanto en su vida privada, como pública. En particular, para quienes detentan cargos públicos, así nos encontramos con definiciones terminantes, desde el Código de Hammurabi (S.XVIII a. de C.): Confucio (siglo V a de C.) de los griegos (siglo IV a de C.) de la India (siglo III a. de C.) etc.

Todos ellos hacen referencia a la antiética en conducta pública y cuando ella tiene consecuencias nefastas sobre los objetivos y metas del organismo, surge, como sostenemos al principio, la desconfianza en las instituciones públicas.

Para no legar a esa situación de descreimiento, se sostiene que, más allá de los conocimientos o estudios específicos del funcionario al frente de una empresa estatal, debe tratarse de ciudadanos éticamente intachables, que, en su formación moral, rechacen viceralmente, todo acto o acción con visos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias.

Lamentablemente, por la falta de explicaciones, de quienes deben darlas, relacionadas con la compra del horno, nos surgen enormes dudas sobre todo el procedimiento porque al decir de Vaz Ferreira: “la ética no es asunto de una opción arbitraria”.