Un gobierno nervioso que teme a las protestas

Los excesos cometidos por las autoridades ante los manifestantes de Artigas —detener primero a quienes portaban una pancarta reclamando fuentes de trabajo y divulgar posteriormente los antecedentes de una de esas personas— son expresivos del nerviosismo con que los gobernantes encaran la última parte de su gestión. Las protestas crecen y ellas desacomodan a quienes no tienen el suficiente espíritu republicano como para sostener el clima de libertad de expresión que debe prevalecer en las democracias.

La divulgación de los antecedentes penales, por parte del Ministerio de Interior, de una de las personas que en Artigas realizó una protesta pacífica contra el gobierno, fue la culminación de una serie de desaciertos en las que incurrieron Bonomi y los jerarcas policiales, que detuvieron a dos personas sin motivo aparente.

Los videos que registran el incidente mostraron cómo el Ministro de Interior fue empujado por tabacaleros y —olvidándose del significado de su investidura— él respondió empujando a su vez a uno de los manifestantes, en un cuerpeo inconducente, de esos que se pueden protagonizar en la tribuna de una cancha de fútbol pero nunca en un acto oficial.

El asunto habría quedado por allí si dos de los protagonistas no hubiera n sido detenidos por la Policía, en una acción que mereció críticas del Pit-Cnt y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de varios sectores políticos de la oposición.

Los ciudadanos fueron “demorados” en dependencias policiales, pero en ningún caso se puede justificar la represión policial, ni siquiera por los antecedentes penales de uno de los manifestantes. El propio ministro Bonomi incurrió en contradicciones evidentes al sostener, primero, que no sabía que habían sido detenidos; lo que él mismo se encargó de desmentir al poco rato, sosteniendo que las dos personas detenidas habían sino llevadas a la Comisaría porque impidieron la realización de un acto oficial; culminando su desgraciada serie de incongruencias al afirmar que los ciudadanos fueron detenidos porque uno de ellos tenía antecedentes penales peligrosos, lo que le fue informado durante el acto a uno de sus custodias. Todo a la medida del señor Bonomi: mentiras, engaños, tergiversación grosera de la realidad, falta de respeto a la opinión pública.

Para colmo, el Ministerio resolvió divulgar los antecedentes penales de uno de los involucrados, reiterando la criticable actitud que había asumido la propia Presidencia de la República cuando un colono mantuvo una discusión con el Dr. Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En aquella ocasión, la Institución Nacional de Derechos Humanos criticó duramente la medida y reclamó que los antecedentes del colono fueran retirados de la web de Presidencia, lo que así ocurrió. Luego de eso, el Mides divulgó también datos de una persona que protestó contra el Ministerio y ahora se reitera la inconducta, demostrando que esta es su verdadera actitud, la de escrachar, desde el poder del Estado, a los ciudadanos por sus antecedentes. Si la sociedad aplicara esa vara para medir la gestión o la ética del propio Ministro de Interior o de su Subsecretario, no podrían ejercer sus altas responsabilidades.

La divulgación de los antecedentes es ilegal, además de inconveniente. Así lo explicó el penalista Dr. Leonardo Guzmán quien señaló que eso solo se puede realizar cuando hay un fin específico, como orientar investigaciones, en el caso de la Policía, o fundamentar graduaciones de la pena en el caso de la Justicia.

“El Ministerio del Interior y el Poder Judicial tienen registro de los antecedentes de las personas que han incurrido en delito con la explícita finalidad que marca la ley. No tienen esos datos para esgrimirlos como armas políticas ni de ataque ni de defensa”, indicó Guzmán. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que “los poderes públicos solo pueden moverse por las normas que les dan autorización y potestades”, indicó el abogado y aseveró: “Por tanto un uso desviado es un uso ilegal”.

Como señala el doctor Leonardo Guzmán, la actitud del gobierno es peligrosa, porque limita la libertad de expresión según los antecedentes de las personas que concurran a una manifestación o a un acto, lo que es realmente muy grave.

Y lo reitera la Institución Nacional de Derechos Humanos, que con contundencia expresó que “no puede dejar de señalar, especialmente, su más profunda preocupación ante la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo que, en su momento, ya fueron objeto de recomendaciones específicas por parte de la INDDHH”.

Las autoridades no pueden acostumbrarse a las protestas y ante ellas reaccionan de mal humor y autoritariamente, llevándose a cuestas la legalidad y las sanas costumbres de la República.



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