Un camino para mejorar los asentamientos

Argentina le reconocerá el título de propiedad a las familias ocupantes de los asentamientos o villas, donde viven tres millones y medio de personas. Se normalizarán los servicios y se impondrán obligaciones básicas a los vecinos, según un informe de La Nación, que nos parece oportuno difundir.

La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción a un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno, destinado a la urbanización de villas, asentamientos y barrios populares en todo el país. La iniciativa contó con un amplio apoyo de los bloques de la oposición, tras recibir -de forma unánime- 194 votos afirmativos. La iniciativa también fue votada en particular, donde tuvo modificaciones consensuadas.

El proyecto, que lleva la firma de los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Pro) y Mario Negri (UCR), propone expropiar las tierras donde se ubican 4228 barrios precarios en todo el país, darles el título de propiedad a sus actuales habitantes y urbanizarlos, esto es, dotarlos de los servicios públicos básicos.

El proyecto, consensuado con representantes de movimientos sociales, abarcará aquellos barrios ya relevados e identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Se estima que en estos asentamientos viven alrededor de 3.500.000 personas.

"Es un proyecto singular por sus antecedentes. Tiene un propósito ambicioso, que consiste nada más ni nada menos que en regularizar el dominio de 4000 barrios precarios en la Argentina. Este beneficio contribuirá a que cada vecino mejore el hábitat donde vive", enfatizó Pablo Tonelli (Cambiemos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucional. "Lo que se pretende es que, al cabo de un tiempo, no haya más barrios populares en los que sus habitantes no sean propietarios del lugar donde han construido sus viviendas".

Según el relevamiento del Renabap, los habitantes de estos barrios precarios carecen de los servicios públicos más elementales: casi el 99% no cuenta con acceso a la red cloacal, casi el 94% carece de agua corriente y el 70,5% no tiene energía eléctrica. Según el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social deberá coordinar con los organismos competentes el acceso a estos servicios.

El diputado Fabio Quetglas (Cambiemos) rechazó los cuestionamientos que despertó la iniciativa. "No se trata de una medida populista, como algunos piensan, ya que la ley prevé que los habitantes de estos asentamientos precarios deben realizar una contraprestación por los títulos de propiedad que recibirán. Más de tres millones de personas viven hoy en la informalidad y si no hacemos nada al respecto este problema urbano tenderá a agravarse", enfatizó el legislador, especialista en gestión de ciudades y desarrollo local y director de la Maestría en Ciudades de la Universidad de Buenos Aires.

"Es una ley que tiene el coraje y la calidad técnica para crear un marco institucional a partir del cual empezar a trabajar en este problema urbano que hay que solucionar", señaló el legislador, quien elogió la participación de todos los bloques para enriquecer la redacción de la iniciativa.

Por su parte, el jefe del Interbloque Movimiento Evita-Libres del Sur, Leonardo Grosso, resaltó el rol de las organizaciones sociales en el relevamiento que hizo posible la elaboración del proyecto.

"Esta norma que busca expropiar las tierras es un logro de las organizaciones sociales, que relevaron 4300 barrios en todo el país", enfatizó Grosso. Y agregó: "Peleamos por esta ley, pero no estamos felices porque no alcanza, porque la situación económica en los barrios es insoportable y por culpa de la gestión de este gobierno".

Según establece el proyecto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.

Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años. Según el Gobierno, será un proceso "que puede durar años", y los títulos de propiedad se realizarán en base a los certificados de vivienda familiar, instrumentados por la Anses, que se comenzaron a entregar a los vecinos censados en junio del año pasado.

Con este certificado los habitantes de los asentamientos populares podrán acreditar la existencia y veracidad del domicilio, para poder solicitar la conexión de servicios, como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar los números de identificación tributaria, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.



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