Correo de los Viernes - Trancazos a la competitividad

Trancazos a la competitividad

Por Tomás Laguna

Los reclamos por competitividad de las Cámaras Empresariales en conjunto o de las gremiales rurales unidas por, otro fueron menospreciados con un nuevo ajuste tarifario, amortiguador fiscal recurrente para solventar un déficit fiscal descontrolado.

Por estos días se conoció una nota dirigida al Presidente de la República por la Confederación de Cámaras Empresariales, entidad de 2do o 3er grado que nuclea a 24 gremiales empresariales de diversos rubros, dónde se reclama el abatimiento de costos para recomponer márgenes en procura de una mejora de la producción, el empleo y la inversión. En aquella nota se hace referencia específica a la energía eléctrica y el gasoil, realizando un análisis comparativo de los costos logísticos en la región. Finalmente solicitan una reducción en los costos de la energía eléctrica del orden del 10% y en el gasoil del orden del 30%.

Por estos mismos días las cuatro gremiales rurales más representativas en cuanto al alcance nacional y rubros representados (Asociación Rural del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y Federacion Rural) solicitaron en conjunto audiencia al Presidente de la República para interiorizarlo sobre las crecientes dificultades en materia de competitividad y por extensión de rentabilidad que la actividad agropecuaria tiene hoy en sus diferentes rubros. Sumaban a su reclamo un tipo de cambio con mayor alineamiento internacional, factor que afecta los precios obtenidos por el productor. No era un pedido de audiencia más, no era una gremial aislada buscando protagonismo, era el consenso inter institucional de las principales gremiales del ago. No obstante por falta de tiempos en la agenda no fueron recibidas. Aparentemente lo serán en la primera oportunidad que la agenda del Presidente lo permita el año próximo.

A fines de noviembre se conoció un informe de la consultora Deloitte titulado “Crecimiento sin creación de empleo”. En el mismo relativizan las cifras oficiales que consignan un descenso en la tasa de desempleo (7,6% de la población económicamente activa). Al cálculo oficial basado en la población que efectivamente busca empleo estos analistas suman los “desalentados” que dejaron de buscar empleo convencidos de la imposibilidad de obtenerlo más los sub empleados. De esta manera llegan a estimar que el 17,4 % de la población económicamente activa tiene problemas de insuficiencia de empleo. En el mismo informe se consigna que desde el año 2014 se han perdido 32.000 puestos de empleo en la economía.

Enrabando esto último con los reclamos de los actores reales de la economía, sus empresas en los distintos rubros y sectores, resulta evidente que quienes generan empleo genuino luego se ven obligados a utilizarlo como variable de ajuste de los costos. El resultado lo cuantifica con objetividad el estudio de Deloitte y no las cifras de desempleo que alegremente utiliza el gobierno para auto complacerse.

No obstante lo anterior, el gobierno hace presunción del crecimiento que aún se manifiesta en la economía. Este aumento del entorno del 3 al 4% anual se explica por el consumo privado y en segundo término el agro. Lógicamente el oficialismo se justifica en que la población mantiene sus niveles de satisfacción consumista y el agro no se sabe de qué se queja. Razonamiento lineal y simple para el aplauso de los obsecuentes. De nada vale explicarles que el endeudamiento familiar tiene créditos otorgados por el sistema bancario por una 5.600 millones de dólares, del cual el 15% corresponde a las administradoras de crédito. De esas últimas el 25% ya está vencido, carga que pesa sobre las familias de menores ingresos, entre ellas ese 17,4% de la población que denuncia Deloitte con problemas de empleo. Tampoco vale explicarles que el crecimiento del agro fue coyuntural por efecto del clima y las buenas cosechas del último año, lo que es seguro difícilmente se reitere. Las crecientes dificultades particularmente en rubros como la lechería y el arroz, pero también la agricultura de secano, determinó que en 7 años el endeudamiento creciera de 1.044 millones de dólares a 2.359 millones. Lo más preocupante es el aumento que cada año tienen los créditos vencidos, es decir la morosidad. Seguramente de algo de esto querían hablar las gremiales rurales históricas con el Sr. Presidente de la República, pero van a tener que esperar hasta el año próximo.

Las Cámaras Empresariales en conjunto, también las gremiales del agro reunidas en una misma preocupación por la supervivencia de los productores más vulnerables, la actividad productiva en su conjunto tiene un reclamo solo, ¡bajen los costos del país!

Pero van a tener que esperar, el Poder Ejecutivo volvió a anunciar un nuevo ajuste de las tarifas públicas procurando no perder la recaudación no impositiva, aquella que opera como “amortiguador fiscal”. La competitividad que siga esperando mientras la incapacidad de gestión del gobierno mantiene un desmesurado déficit fiscal que se arrastra desde el desquicio administrativo del gobierno del Presidente Mujica y los compromisos políticos que la interna del conglomerado no puede resolver. ALUR, el FONDES, PLUNA, más el constante incremento del peso del Estado vía empleo público (16 funcionarios más por día en los últimos 8 años), sin considerar las tarjetas corporativas que poco suman en este jolgorio pero mucho indignan.

El Ministerio de Economía está subido en una bicicleta dónde el gasto público es una suerte de piñón fijo. El ajuste fiscal instrumentado en el 2016 no fue suficiente y hoy el déficit fiscal ya llega al 3,6% del PBI lejos de las metas fiscales de la rendición de cuentas de aquel año. La izquierda en el gobierno, el populismo desenfrenado, dilapidó los mejores años de la economía del país dejando a la población sumida en una creciente incertidumbre laboral, sus ingresos afectados por la presión fiscal y el costo desmesurado de las tarifas públicas, pero lo que es peor, la actividad empresarial privada, la que genera empleo y paga sueldos, gravemente afectada en su competitividad por los altos costos de producir en este país, sumado a la incompetencia absoluta para lograr una inserción internacional que nos permita competir con nuestra producción en los principales mercados.

Los burócratas de turno al servicio del populismo son sin dudas habilidosos al momento de justificarse con análisis relativistas minimizando el nuevo ajuste tarifario. Los obsecuentes los aplaudirán. Mientras tanto la principal preocupación de las empresas volcadas a la exportación es ver cómo reducir el personal como variable de ajuste de costos (el conflicto creado en el Frigorífico y Matadero Solís no es por capricho anti sindical de sus propietarios) y en el agro cada vez más productores chicos o medianos entregan sus campos en arriendo o venta a las mega empresas o los productores de mayor extensión.

No pasa nada, el superior gobierno en un acto de fe suprema espera la llegada del mesías San UPM que nos redimirá de todos estos males...