Trabajo a lo Sísifo: ni inclusivo ni republicano

Por Santiago Torres

Ayer jueves 27, en una nota de “El Observador”, se daba cuenta de que el Directorio de ANCAP, en su plan de reestructura de la división cemento, se prevé eliminar 200 puestos de trabajo considerados innecesarios, entre los cuales están los “famosos” 40 jardineros de la planta de Paysandú de los que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Éstos últimos pertenecen a seis “cooperativas sociales” contratadas por ANCAP en el marco de un convenio entre el ente y el Mides.

Antes de seguir adelante con esta columna, entiendo necesario referirme esas “cooperativas sociales”. De acuerdo al Mides, las mismas constituyen un programa de esa Secretaría de Estado: “Es un programa cuyo objetivo es la promoción de oportunidades de desarrollo e inclusión social y económica de personas (y grupos de personas) en situación de vulnerabilidad socioeconómica mediante la formación, capacitación, formalización y registro de cooperativas sociales. Se promueve el aprendizaje sobre la gestión colectiva y la generación de ingreso formal a los distintos integrantes que conforman la cooperativa”.

Me permito destacar el objetivo: la promoción de oportunidades de desarrollo e inclusión social y económica de personas (y grupos de personas) en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Se está realmente brindando oportunidades de desarrollo e inclusión a gente vulnerable a través de trabajo artificial que, como en este caso, al final del camino debe eliminarse, frustrando no sólo una ilusión para los cooperativistas, todos gente muy humilde, sino cortándole los ingresos?

Desde el otro lado: ¿es función de ANCAP desarrollar una política social de subsidios encubiertos?

En este punto es menester destacar que la presidente de ANCAP, Marta Jara, explicó que se intentará reconvertir a los cooperativistas para mitigar el impacto social, lo cual está muy bien, pero no es función del ente llevarlo a cabo.

Cuando en 2011 se firmó el contrato con las cooperativas —señala la nota referida—, el entonces vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, exclamó exultante que esa era una “fiesta del trabajo” para Paysandú. Difícilmente Riet no supiera que estaba “creando” trabajo artificial, improductivo. ¿A eso lo llamaba “fiesta del trabajo”?

No es la única política social encubierta de ANCAP. La eternamente deficitaria ALUR no es otra cosa que eso. Y al día de hoy nadie sabe bien cómo detener la hemorragia de un emprendimiento político estructuralmente inviable que no conforma ni siquiera a sus presuntos beneficiaros, o sea, los cañeros a los que se hizo creer que su actividad podía ser viable, cuando —se sabe hace rato— que no hay forma de que sea competitiva.

Y otro tanto puede decirse del Fondes, que ha arrojado millones de dólares a pérdida en emprendimientos insostenibles.

Que el Estado procure insertar en el mercado de trabajo formal a la gente vulnerable que es beneficiaria de sus programas asistenciales, es sumamente positivo y hasta imprescindible, para que logren autonomía como personas. Hacerlo mediante trabajo artificial de la mano política de organismos estatales, no sólo no está incluyendo a nadie realmente sino que perpetúa la dependencia no ya del Estado sino del gobierno de turno. Y eso no es ni inclusivo, ni republicano.




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