Correo de los Viernes - Tarifas y (des)lealtad institucional

Tarifas y (des)lealtad institucional

La negativa a subir tarifas públicas en enero —como se ha hecho siempre cada año— sin consultar a quienes dirigirán el gobierno que asuma en marzo, podría estar prefigurando los modales del Frente Amplio en la oposición. Esperemos que no.

Es elemental que aquellos actos de gobierno relevantes cuyos efectos se prolongarán —e impactarán— en el período que se inicia el 1º de marzo, deben ser tomados en consulta con las futuras autoridades. Lo indica una elemental no ya cortesía —que también— sino lealtad institucional y democrática. Nadie discute que el actual gobierno estará en la plenitud de sus funciones hasta el 29 de febrero de 2020, pero no es razonable marcarle la cancha a quienes se instalarán el 1º de marzo.

Todos los años, la tarifas sufren un ajuste para, por lo menos, actualizarlas en función de la inflación pasada. Para enero de 2020, el Ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guillermo Moncecchi, anunció que por el resto del período de gobierno no habrá incrementos tarifarios.

Con razón, el presidente electo Luis Lacalle Pou hizo oír su protesta: “No me cabe la duda de que si hubiera ganado Daniel Martínez había un ajuste de tarifas. Esta decisión complica. Vamos a tener que ahorrar más. Y eso va a requerir más esfuerzo. Esta no la vimos venir. El presidente baja las tarifas y el que hace el esfuerzo somos nosotros”, señaló.

Desde el gobierno hubo varias respuestas y todas ellas pueriles.

Por un lado, se señaló que el titular del MIEM ya había adelantado en julio que no habría aumentos de tarifas. No es exactamente así. Lo que el Ministro Moncecchi dijo fue que “no habrá ajustes a la suba de tarifas públicas por lo que resta de 2019, y probablemente hasta el final de período de gobierno. Responde a las líneas estratégicas que se vienen trabajando en las empresas públicas”. “Probablemente”, fue la expresión empleada, dando margen a que eventualmente pudieran ajustarse. Y la eventualidad de que ello ocurriera por consulta con las futuras autoridades, luce elemental.

Por otro lado, el Director de OPP, Álvaro García, indicó que la decisión de no incrementar las tarifas se fundamentó en una mayor eficiencia de las empresas públicas. Esa afirmación de un incremento de la eficiencia es discutible. El resultado consolidado de las empresas públicas viene empeorando desde mediados de 2016. Y no sólo eso, ANCAP verá sus números complicados si no hay un ajuste tarifario en enero, como se supo ayer, especialmente por el efecto cambiario. De hecho, como informó “El Observador” en su nota, en el Ministerio de Economía y en el directorio de ANCAP se contaba con el ajuste de enero que ahora no tendrá lugar.

Además, advertido el gobierno frenteamplista del informe de la calificadora Fitch, que destaca el enorme esfuerzo fiscal que deberá llevar adelante el país a partir del próximo año y en razón de la importancia de las empresas públicas como fuentes de transferencias al gobierno central para contribuir a paliar el déficit fiscal, la consulta a las futuras autoridades era casi una obligación.

Desafortunadamente, primó el espíritu pequeño, revanchista. ¿Estamos asistiendo a un preanuncio de cómo será la actitud del Frente Amplio a partir del 1° de marzo? No sería sorpresa, porque la coalición de izquierdas ya ha actuado en el pasado con deslealtad institucional (no votó la ley de consolidación del sistema bancario, reclamó el default de la deuda pública, etc.) en momentos difíciles. Pero aún abrigamos la esperanza de que primer otra actitud.