Desde antes de asumir el nuevo parlamento, desde filas de Cabildo Abierto se ha cuestionado la instalación de la 2da planta de UPM, no solo por los acuerdos del Estado uruguayo con la empresa finlandesa, sino cuestionando severamente la viabilidad ambiental del emprendimiento industrial. Más recientemente re-direccionaron la artillería contra la forestación como rubro productivo bajo una premisa muy políticamente correcta, la defensa de la producción de alimentos frente a la producción forestal. Según sus criterios desde el Estado se deben reservar aquellos suelos más fértiles para la producción de alimentos prohibiendo la forestación en los mismos. Convengamos que se trata de un argumento novedoso en contrario con las reivindicaciones ambientales a nivel mundial que denuncian la deforestación para otorgarle tierras a la producción de alimentos. Suena paradójico.

La ley 15.939 o Ley Forestal fue determinante para que se diera en nuestro país el desarrollo de la agro industria forestal. En la misma, que abarca desde la protección del monte nativo hasta la promoción de la forestación comercial de rendimiento, se definen los terrenos de aptitud forestal (artículo 5º) como aquellos que por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso, como segunda condición se agrega que sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del MGAP, en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública. En este último caso comunicándolo a la Asamblea General. A partir de esta definición la misma ley establece que solo serán pasibles de los beneficios tributarios los montes plantados en estos terrenos, del mismo modo serán priorizados en el financiamiento a través del Fondo Forestal que crea la misma ley. En ningún momento la ley prohíbe la forestación en ningún lugar, solo la direcciona. Posteriormente se agregó la obligación de obtener la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para aquellos nuevos emprendimientos forestales en tanto superen las 100 has. Se establecen nuevas condiciones a cumplir, pero no se prohíbe.

Desde Cabildo Abierto se ha expresado que todo tiene su límite, que el país ya tiene un millón y medio de hectáreas forestadas. Se alarman de qué en el futuro se puedan alcanzar 4,5 millones de hectáreas, luego se reflexiona que el modelo forestal no le sirve al país, afirmando que "la producción de alimentos va a ser la gran riqueza del Uruguay". Con estos argumentos anuncian un proyecto de ley para prohibir la forestación en aquellos suelos con aptitud agrícola, priorizando la producción de alimentos.

Veamos. El primer equívoco refiere a la superficie forestada, hoy el país tiene unas 800.000 has plantadas con fines industriales, el 20% con pinos. Para abastecer la mentada 3er planta de celulosa deberán plantarse 100.000 has más. Con esto se llegaría al 5% del total del territorio productivo bajo uso forestal. El 95% restante se aplica a otros rubros productivos. Tampoco es de recibo la referencia de que se llegue a 4,5 millones de hectáreas, la que no obedece a ningún fundamento salvo que se refieran a la totalidad de suelos de aptitud forestal. Si así fuera estos totalizan 4 millones y no 4,5. Si al país le llevó más de 30 años plantar 800.000 has con apoyos directos, al no existir estos no parece razonable imaginar tamaño despliegue futuro.

No obstante lo anterior, no es motivo de esta nota reivindicar la forestación. Nada más lejos. La forestación es un rubro productivo más que llegó para quedarse como alternativa rentable para el agro uruguayo. El tema en cuestión es de principios y no una discusión agronómica sobre el uso de nuestros recursos productivos.

En su momento asistimos a planteos fundamentalistas que pretendieron prohibir la soja acusándola de mono cultivo extractivo de los recursos del suelo, para colmo afectando flora y fauna por su condición de tal. Ni que hablar de quienes desde la ecología se han opuesto a los organismos genéticamente modificados en defensa de la diversidad de la flora y algún otro argumento escandaloso. No solo los ambientalistas se opusieron a la soja, también los ganaderos. Recordamos en particular los planteos de un conocido gremialista ganadero, hoy con otras responsabilidades, quien reclamaba que se prohibiera la soja en los campos del noreste porque le competían en uso del suelo a la ganadería, en particular si el ganadero era arrendatario. Se trataba de que unos tuvieran tierra barata a expensas de otros que perdían una actividad más rentable. No es de extrañar que sigan siendo los ganaderos enemigos frontales de la forestación por razones similares, cuando muchos de ellos encontraron en la forestación un rubro alternativo de interesante rentabilidad.

Así como puede prohibirse la forestación con criterios antojadizos, se puede prohibir la soja o los corrales de engorde, o también los mismos tambos por la posible contaminación a partir de los efluentes que producen. Los alérgicos a las abejas podrían pedir la prohibición de la instalación de colmenas cerca de los pueblos, y así con criterios diversos, algunos ideológicos, otros de oportunidad, serán varios los rubros bajo riesgo de que desde cuatro paredes se determine dónde si y dónde no. No muy diferente a lo que ocurre hoy en el departamento de Canelones, dónde la intendencia estableció la obligación de solicitar permiso antes de iniciar cualquier actividad productiva dentro de su república, perdón, digo departamento.

El país cuenta con una rica institucionalidad en condiciones de hacer valer las regulaciones que, racionalmente, sean determinadas para emprender cualquier actividad productiva que implique el uso de recursos naturales renovables. El Plan de Uso y Manejo de Suelos es un buen ejemplo.

En definitiva, el solo hecho de prohibir actividades productivas por si lícitas, haciéndolo desde la comodidad urbana de los ámbitos burocráticos, es un grave atentado contra la libre empresa y el derecho de cada productor de asumir por si los riesgos de su decisión libérrima.

La decisión de que es más rentable y productivamente conveniente es derecho inalienable de cada productor. Se atribuye al líder blanco Wilson Ferreira Aldunate la frase "el libre derecho a fundirse", pasa por ahí.