Sin tapujos, reconocen que ley electoral se elabora para beneficiar al Frente Amplio

El diputado frenteamplista Alejandro Zavala reconoció en una columna publicada en la diaria que la ley de financiamiento de los partidos políticos que tiene media sanción y que se aprobará definitivamente en los próximos días, tiene el propósito de afianzar el poder político del Frente Amplio, a través del uso –y abuso– de los recursos públicos.

A partir del reconocimiento de que Lula tuvo que transar con la corrupción del “mensalao” como única forma de gobernar, al no contar el PT brasileño con todo el poder político necesario, el diputado Zavala concluye que, en Uruguay, para que haya transformaciones políticas del fondo, el Frente Amplio debe contar con la mayor suma de poder posible, político y financiero, para estar en condiciones de lograr los cambios necesarios.

En una larga parrafada, el legislador sostiene que “en Uruguay, el Frente Amplio tiene hoy la oportunidad, si no la obligación, de evitar que pase lo que le está pasando a la democracia en Brasil. Un gran avance en este sentido es el proyecto de ley que regula el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”.

Tras reconocer algunos avances y limitaciones que la nueva legislación supondrá, Zavala asegura que “ la regulación del financiamiento y las campañas propuesta es un cruce de caminos para el proyecto político de la izquierda. En primer lugar, porque la confianza ciudadana en los partidos políticos es condición necesaria para la legitimidad del programa de transformación que impulsa el FA. El FA podrá volver a ganar las elecciones, pero si la mayoría de las personas se convence de que los profesionales de la política encargados de administrar la cosa pública, sean del partido que sean, sólo lo hacen por motivaciones e intereses personales, el programa del FA saldrá profundamente debilitado. Es difícil pensar en la posibilidad de una mayoría social favorable a la expansión de los derechos sociales, mediante la construcción de un Estado con la capacidad regulatoria y fiscal de proteger a los débiles y limitar el poder de los fuertes, si esa misma mayoría piensa que ese mismo Estado está gestionado por seres esencialmente cínicos e inescrupulosos. Es una crisis moral de la que no se sale fácil. Así empiezan a morir las democracias, sobre todo las democracias sociales”.

Al justificar los mayores beneficios que tendrá la mayoría del Frente Amplio en el acceso a los fondos públicos, Zavala no ocultó los propósitos: “Se trata, justamente, de “cercenar la libertad” de los poderosos de abusar impunemente de sus privilegios económicos con fines electorales. Se trata “de estrangular al máximo posible las posibilidades de los partidos de oposición”, o sea, los históricos representantes de las elites económicas, “para acceder a recursos financieros y a los medios de comunicación” que al resto de los partidos políticos, a los trabajadores organizados, a los movimientos sociales, y a la ciudadanía en general les han sido históricamente denegados a la hora de ejercer sus derechos políticos. Se apunta, precisamente, “a las empresas y medios de comunicación, imponiéndoles perjuicios y limitaciones a la libertad de expresión del pensamiento” de sus familias propietarias, empresas, y políticos amigos, considerando que dichos medios operan como consignatarios oligopólicos de un bien de carácter público, y que en tanto tal deberían oficiar de instrumento para el ejercicio de la libertad de pensamiento de todos, no sólo de algunos”.



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