Siguen las explicaciones, las excusas y los fracasos

El ex presidente Mujica se sumó al coro oficialista de pretextos para encarar la enorme crisis en la seguridad pública, afirmando que las políticas sociales han fracasado y que ahora hay que reprimir, lo que la oposición sostiene hace años. Esperamos que el gobierno reaccione e imponga cambios drásticos, aunque lo dudamos. El Uruguay ha perdido un tiempo irrecuperable y el delito sigue cobrando víctimas.

El senador José Mujica no se caracteriza precisamente por la ejecutividad, es decir, por su capacidad para concretar en los hechos lo que sostiene o propone. Su gestión como Presidente ha sido una colección de errores e improvisaciones que al país —y al bolsillo de la gente— le ha costado muy caro. Por eso no confiamos mucho en que una de sus últimas intervenciones tenga efecto en la conducción del gobierno, aunque sinceramente así lo deseamos. Hace unas horas dijo que “hay que trabajar más desde el punto represivo, pero hay que afinar más en lo social” y que se necesita “menos asistencialismo y más promoción de la gente joven”. Agregó que las políticas sociales “no han dado resultado” y que “asistir no equivale a convencer”. “No le puedo pedir a la Policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen”, sentenció como si hubiera descubierto la piedra filosofal.

Siendo el líder más representativo del oficialismo, podría pensarse que detrás de ese reconocimiento de un fracaso rotundo habría de inmediato una asunción de las responsabilidades correspondientes y anuncios de cambios drásticos. Pero no es así, porque todas las semanas el ex mandatario nos inunda de ocurrencias, algunas muy oportunas y otras muy infelices. Pocas horas antes había explicado que los delincuentes son “burgueses apresurados”, con una insólita indulgencia hacia el delito mezclada con su viejo odio de clase, porque en vez de condenar a los delincuentes pareció echar sospechas sobre los sectores de clase media.

Mientras tanto y en otro nivel del gobierno, siguen las supuestas explicaciones. El senador suplente Rafael Paternain, ex director del Observatorio Criminal del Ministerio del Interior, reconoció en forma indirecta pero muy sugestiva que hubo una manipulación de las cifras oficiales sobre la ola delictiva y reclamó un cambio urgente en la forma de medir los hurtos y las rapiñas, lo que también ha sido exigido por la oposición.

A su vez, un ex Jefe de Policía cesado por el Ministerio pero aclamado por la gente cuando dejó su cargo, dijo que la conducción policial está en manos de ineptos. El auge del delito no tiene vínculo con el nuevo Código del Proceso Penal, como afirma el Ministro —dijo ese ex jerarca— sino con que hay grandes carencias en la formación y disciplinamiento de la Policía, como reiteradamente hemos indicado desde estas páginas.

Lo que ocurre es que no hay más tiempo para las explicaciones. El Frente Amplio lleva 13 años haciendo sociología barata, improvisando, pero postergando siempre la responsabilidad principal del Ministerio de Interior, que es reprimir el delito y encarcelar a los delincuentes. Hace pocos días, un delincuente chileno apresado acá fue preguntado por el Fiscal actuante respecto a la razón por la que se había trasladado a Uruguay y su respuesta fue sencilla y dramática: “Acá es muy fácil robar”. La inoperancia ministerial, las idas y vueltas con las leyes y los códigos, las mentiras reiteradas del señor Bonomi, la actitud de sospecha que el oficialismo tiene en general hacia la Policía, a la que no defiende ni ampara legislativamente, son apenas algunas evidencias de una larga cadena de fracasos, una especie de obra maestra del error.

Durante la última campaña electoral, llamaba la atención el mínimo espacio que en su programa el Frente Amplio le dedicaba a la seguridad, lo que vino acompañado por el reconocimiento de algunos dirigentes oficialistas, que confesaron que en realidad a la coalición no le preocupaba mucho el tema. Lo peor es que todo eso es verdad. Hoy la inseguridad es el peor drama de los uruguayos y tenemos un gobierno que no sabe ni se preocupa por el tema. Una enorme irresponsabilidad que seguirá costando vidas de uruguayos inocentes.



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