Los antecedentes en materia de seguros agrícolas datan de 1912, luego de la fundación en diciembre de 1911 de la Empresa de Seguros del Estado durante la 2da administración de gobierno de don José Batlle y Ordoñez. Fue un elemento más en la construcción del país modelo. Desde entonces ya se ofrecieron coberturas ante riesgos climáticos tanto para cultivos como para viñedos así como seguros de vida animal. "Asegurad vuestro trigo y evitareis la ruina" era el mensaje incluido en el Almanaque del Labrador de 2018. Esta publicación de la empresa estatal de seguros tenía el objetivo de aportar información de interés para el productor a la vez de promover los distintos tipos de cobertura que se ofrecían en un dinámico proceso de innovación en las distintas modalidades. Los seguros por lo tanto tienen más de 110 años de evolución continua en nuestra agropecuaria.

Esta evolución no fue lineal. El año 1984 estuvo caracterizado por fuertes tormentas con granizo en el sur del país. La granja se vio particularmente afectada con pérdidas no solo de la producción sino de la viabilidad futura de montes frutícolas dañados. El desastre fue prontamente reconocido e incorporado como parte del documento que por entonces se elaboraba en la Concertación Nacional Programática, histórica instancia dónde los distintos partidos políticos asumieron compromisos previos a la próxima reinstitucionalización del país. Con el gobierno democráticamente electo ya en ejercicio de sus funciones, primera administración del Dr. Sanguinetti, se procedió a cumplir con aquellos mandatos, incluyendo la adecuación en modalidad y costos de los seguros contra granizo en producción granjera. Aquel hecho tal vez pueda considerarse un punto de inflexión, siendo que se incorporó el subsidio en el costo de las primas.

La evolución de los seguros fue particularmente significativa en los últimos 30 años. Merece destaque la desmonopolización de los seguros establecida en la ley 16.426 de octubre de 1993. Esto ha permitido que hoy, 5 empresas en libre competencia ofrezcan coberturas de riesgo atendiendo a la agricultura extensiva de secano y al arroz. Pero también incidieron los ya mencionados subsidios que reciben los seguros en la producción granjera y la exoneración del IVA para todos los rubros incluyendo la forestación.

Según estudios realizados por técnicos de OPYPA/MGAP, en el 2018 se contaba con una cobertura agrícola próxima al 70% del total de cultivos incluyendo agricultura de secano y arroz. En la fruticultura la adopción era mayor, alcanzando al 79% de los montes en producción, no así en horticultura dónde la cobertura llega al 30% de los cultivos aún a pesar de los subsidios. Desde entonces no conocemos cifras actualizadas, pero si estas variaron habrá sido porque aumentó la cobertura contratada.

Llegado este punto, necesario es reconocer que la siniestralidad en la producción agropecuaria tiene un coeficiente de variación del 48%, muy por encima de la estimación para otras actividades. Esto puede explicar el poco interés que pueden tener las compañías de seguros en la actividad agropecuaria. También reconocer que ante tal variabilidad en la ocurrencia de circunstancias desfavorables a cubrir mediante un seguro, la calidad y volumen de información del país en materia agroclimática que permitan al asegurador estimar la ocurrencia del riesgo es vital para la viabilidad del seguro y la cuantificación del valor de las primas. En buen romance todo vacío de información implica mayor costo en las primas.

No obstante los comentarios anteriores, además de la empresa estatal de seguros hoy existen otras 4 aseguradoras privadas operando en el país. Si así lo hacen es porque cuentan con los instrumentos necesarios para operar, en particular la información necesaria para estimar la ocurrencia de riesgo y de ese modo ofrecer productos con primas adecuadas a la rentabilidad esperada en la producción. Existe información relevante y confiable desde el INIA, en particular desde INIA-GRAS con su banco de datos agro climáticos, y también de INUMET. Además de la amplia base de datos con resultados productivos a nivel de campo tanto del Instituto Plan Agropecuario como de FUCREA. En definitiva, nuestro país tiene fortalezas institucionales que lo hacen competitivo y creíble en cualquier contexto internacional.

Llegado este punto, es claro que la cobertura de riesgo en la producción agropecuaria es hoy una posibilidad tangible, real. Tal vez la cuestión sea como lograr que su contratación sea generalizada. ¿Es mediante una ley de seguros integrales, con lo que esto puede implicar en cuanto a la obligación de su contratación? ¿Es mejorando los ya potentes sistemas de información para que las empresas aseguradoras puedan adecuar el costo de sus primas? ¿Acaso aumentando los subsidios al costo de las primas según la dimensión o escala del productor contratante? ¿De existir una cobertura accesible y generalizada, es razonable mantener un Fondo de Emergencia Agropecuaria siendo que su sola existencia puede inducir a no contratar seguros? ¿Cómo lograr conjugar estos aspectos sin afectar la libre competencia en el mercado de seguros? Una adecuada consideración de estas interrogantes escapa a la dimensión y alcance de esta columna por la complejidad de los distintos elementos a tener en cuenta.

Concluyendo. La amplia oferta de seguros para las distintas actividades del agro está disponible y seguirá desarrollándose en un mercado pautado por la libre competencia. No hay mayores limitantes más allá del costo de la prima y la voluntad del productor de asegurarse o no. Mientras tanto está pendiente la discusión sobre la necesidad de instrumentar seguros integrales para el agro establecidos por ley, lo que se ha venido mencionando en varios estudios a nivel del MGAP, o bien dejar la decisión librada a la voluntad del productor en tanto pueda tener las necesarias opciones para una decisión racional en función de sus posibilidades y buen criterio.