Se requiere más responsabilidad estatal

La desgraciada secuela de delitos sexuales y violencia doméstica ha dado lugar a una serie de propuestas tremendistas, desde la pena de muerte a la castración. Pero lo que se necesita es mayor eficacia y rapidez legislativa, judicial y policial.

Hace quince días titulábamos el editorial de Correo de los Viernes “La desproporción”, aludiendo a la nociva radicalización que se advierte en la vida política y cultural contemporánea, que lleva a propuestas maximalistas –que luego resultan inaplicables– que tienen poca relación con la dimensión de los hechos que las causaron.

Algo de eso pudo apreciarse estos días en el debate en la opinión pública a partir de la comprensible indignación y dolor que provocaron varios atentados sexuales con el horrendo asesinato de dos menores y la reiteración de hechos de violencia doméstica con resultados trágicos. A su vez, la campaña feminista recobra vigor, sin advertir que se trata de procesos más hondos y complejos que la mera discriminación a la mujer. Comprendemos la airada reacción popular, pero su tono no es aconsejable cuando el debate se lleva a cabo en el seno de los poderes públicos o a través de las expresiones de los propios legisladores.

En un país con las tradiciones humanitarias de Uruguay proponer –sin más– la pena de muerte, la cadena perpetua o la castración de los violadores, sin apelar a la reflexión sino lanzando las ideas al viento, en una especie de concurso para ver quién es más severo y riguroso con el delito, no parece ser la respuesta adecuada y responsable que se requiere, sobre todo cuando la revisión de los hechos demuestra que el Estado está omiso en tareas de prevención que son imprescindibles y previas.

El reclamo razonable de que los delincuentes no sean liberados con anticipación para que no vuelvan rápidamente al delito puede resolverse con algunas modificaciones legislativas que corrijan los excesos que ha provocado la acumulación de “medidas liberatorias”, sobre lo que ha insistido con argumentación válida el fiscal Dr. Zubía. No es necesario imponer la cadena perpetua para que un delincuente realmente peligroso pase 30 años en la cárcel. Alcanzaría con que los legisladores se pongan de acuerdo en estos aspectos, ciertamente necesarios, dado que una información de La Diaria ratifica que últimamente, los abusadores sexuales han recibido penas menores de 5 años, ratificadas en segunda instancia. Quiere decir que algo anda mal en la legislación, exceso que debe corregirse.

Lo mismo puede decirse respecto a la coordinación entre la Justicia y la Policía. Muchos de estos posibles asesinatos pueden evitarse si hay más intercambio de información entre ambos Poderes, algo perfectamente viable en esta época en la que las tecnologías de la información tienen cada vez más influencia en la resolución de los delitos.

El presunto asesino de la niña Brissa, con varios antecedentes, pudo haber sido apresado días antes de cometer el asesinato por sus amenazas a otras niñas en el balneario La Floresta, según varios informes de prensa que registran que esa persona circuló con el mismo auto en el que raptó a Brissa por locales escolares del balneario. La Justicia conocía su historia, pero no sabemos si la Policía tuvo en cuenta esos datos, aunque recibió denuncias sobre un sospechoso que circulaba en un auto Renault de color bordó. Para colmo, otra Juez informa ahora que iba a disponer que por otros atentados cometidos hace un mes se le colocara a ese mismo delincuente la tobillera de seguridad pero el trámite se demoró por semanas, en una exasperante muestra de las demoras judiciales.

Acá es claro que no se trata de vacíos legales sino de un problema muy serio de gestión judicial y policial, servicios que no reaccionan con la velocidad y eficacia necesarias como para impedir nuevos atentados.

Los casos de violencia doméstica son expresivos de estas carencias: el último asesinato y posterior suicidio en La Candelaria, Malvín Norte, también pudo haberse evitado, ya que el autor tenía antecedentes y la situación de violencia familiar había sido denunciada. Sin embargo –y reconociendo que es imposible que haya un policía en cada hogar– las medidas preventivas básicas no se están llevando a cabo con la rigurosidad y la rapidez necesarias.

Quiere decir que no se trata de “cobrar al grito” y desatar una especie de carrera legislativa creyendo, por ejemplo, que con más penas se resolverá el asunto, lo que se hizo recién al establecer agravantes al “femicidio” con resultados por ahora dudosos.

Lo que el Estado debe hacer es coordinar con responsabilidad la actuación de sus Poderes, actualizar la legislación en lo que sea necesario pero sin tremendismos y, sobre todo, gestionar con eficacia la prevención. El registro de violadores que se quiere imponer por ley puede ayudar en ese sentido, pero reiteramos, no se trata solo de la severidad de la legislación, sino de lo que ocurre al final de la cadena, en la oficina de un juzgado o de una comisaria, con la información que el Estado disponga sobre los sospechosos.

Para que la acción del Estado no se reduzca al progreso manuscrito, es imprescindible que las tareas de prevención se desarrollen con absoluta eficacia y permanencia, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



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