Respuesta a los dueños de máquinas tragamonedas

Los empresarios al frente de ese formidable negocio publicaron en la prensa un larguísimo y costoso remitido atacando al Dr. Sanguinetti, quien contestó de esta forma en “El País” y en “Búsqueda”

En el lejano 1963, siendo diputado, presenté un proyecto que prohibía la instalación libre de máquinas tragamonedas, que acababan de aparecer en Montevideo. Eludiendo las prohibiciones sobre los juegos de azar, se les presentaba falsamente como un mero entretenimiento. Me inspiré en la legislación del Estado de Nueva York y las razones alegadas son las mismas de hoy: se trata de un juego de azar encubierto; instaladas libremente son un peligro social por su llegada a los menores y chocan con la tendencia histórica del país, en que el Estado asumió la explotación o contralor de los juegos para tratar de que, reconocidos como un vicio social imposible de erradicar, sus ganancias revirtieran también en realizaciones útiles para la sociedad.

UNA CAUSA HONROSA

Sobre este tema, cada tanto he escrito reiterando mi opinión. Me he sentido muy acompañado por padres preocupados que sienten que sus hijos se ven atraídos por el vicio del juego, que los lleva peligrosamente a alejarse de sus naturales actividades formativas y deslizarse a preocupantes hábitos de conducta. Ahora ocurre que a raíz de otro artículo mío, en este caso en el semanario digital “Correo de los Viernes”, la organización explotadora privada del juego, se desata en improperios contra mi persona. Su reiteración en el insulto llega hasta el delirio de sospechar que un decreto de la dictadura, pudo ser parte de la transición, que permitió al país retomar el camino de las elecciones democráticas. Fue notoria mi militancia en contra de la dictadura, mientras los insultadores de hoy organizaban su explotación. En cualquier caso, esos desbordes verbales, lejos de agraviarme me honran, por el valor de la causa que defiendo y provenir de quienes provienen.

Añado que el propio Presidente Dr. Tabaré Vázquez, con fecha 13 de julio de 2009 propuso, con su firma, un proyecto de ley que establecía detalladamente la caracterización como delito de todo juego de azar no autorizado expresamente por ley. Establecía que esa ilicitud debía castigarse como delito y no como mera falta, lo que es una natural prolongación de su campaña contra los vicios sociales del tabaquismo y al alcoholismo. Dicho sea de paso compartimos las tres campañas.

LA TRADICIÓN NACIONAL

Todo juego de azar fue siempre ilícito, desde antes de nuestro primer Código Penal, en este mismo y hasta el código actual (art. 361 num. 9) que así lo dispone. Tanto es así que, siempre por ley, y nada más que por ley, se fueron estableciendo excepciones para autorizar ciertos juegos.

Así, al amparo de la ley de 1911 del segundo gobierno de Batlle y Ordóñez se instalaron casinos, a condición de construir hoteles en los balnearios, como fue el caso del Parque Hotel o el Carrasco. Ese criterio se ha seguido hasta nuestros días, cuando se volvió a concesionar el Hotel Carrasco, para restaurarlo y sacarlo de su decadencia, o cuando se autorizó a Hípica Uruguaya a explotar modalidades de juego que financiaron la remodelación del Hipódromo y el renacimiento de toda una actividad que da trabajo a miles de personas.

El Estado asumió siempre, entonces, y con razón, que los juegos de azar eran ilícitos, con las solas excepciones que fijara la ley. Si no fuera así, el Estado habría estafado a quienes invirtieron millones de dólares para rehacer el Hotel Carrasco o el Hipódromo de Maroñas, porque según la tesis de los propietarios de “tragamonedas”, podrían haberlas instalado directamente sin condición alguna. ¿Qué sentido tiene imponer obligaciones multimillonarias si la actividad de juego no requiriera autorización alguna?

Así lo explica con toda claridad, en una sentencia pormenorizada y de fondo, el Dr. Sergio Torres, cuando ocupaba en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno de Montevideo: “...el criterio prohibitivo que se instauró con el art. 1º de la Ley N° 1595 (de 16 de diciembre de 1882) no ha cambiado; en tanto a lo largo de ese extenso (muy extenso) período han tenido que dictarse numerosas normas para, por vía de excepción, habilitar nuevas formas de explotación de juegos en el país, dada la prohibición que instauró la Ley N° 1595 y que se mantiene en vigor aún en nuestros días”. La misma tesis es fundada extensamente por el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz Almeida, con fecha 26 de agosto de 2014.

Por otra parte, el contralor y la represión de los juegos ilícitos se atribuye, por ley, a la Dirección General de Casinos. Ella ha intentado prohibir la proliferación de estas máquinas que se ofrecen aun a menores y en lugares que el Estado no controla. Sus intentos han tenido, en ocasiones, diversos escollos legales y de ellos se han beneficiado estos operadores de máquinas que realizan una fabulosa explotación comercial, compartiendo mendrugos con esas entidades que –necesitadas– les ofrecen sus locales para realizar su negocio.

LA JUVENTUD

La observación de nuestra sociedad actual demuestra que, si preocupante podía ser ya en 1963, hoy el tema es realmente grave. Cuando nuestra juventud revela tan bajos niveles de rendimiento educativo, la difusión del juego se hace aun más peligrosa. A lo que se añade, de modo inocultable, la expansión del consumo de marihuana, que registran las estadísticas oficiales y que se ha demostrado ser una puerta de entrada a otras adicciones tanto o más dañinas.

NEGOCIO MULTIMILLONARIO

El remitido que comentamos insiste en que estamos ante un negocio manejado por pequeños y humildes comerciantes. Basta advertir lo costoso de los remitidos para advertir que, muy por el contrario, se trata de una enorme operación comercial, que la propia Dirección de Casinos estima superior a los 36 millones de dólares al año. Ese mismo grupo ha podido contratar numerosos abogados para enredar una larga tradición de interpretación legal y así transformar al país entero en un casino.

Es verdad que los grandes dueños del negocio explotan las dificultades de comerciantes, clubes sociales, gimnasios, hasta almacenes y clubes de “baby fútbol”, a los que conceden una parte menor de las ganancias. Nunca debió abrirse este escenario. Era previsible lo que ha ocurrido, o sea una ola de maquinitas en todo el país y miles y miles de menores jugando y adquiriendo sin la debida madurez una adicción peligrosísima. Lamentamos que si se prohibiera, como corresponde, esta actividad, sufrirán aquellos a quienes se ha tentado para hacer los cómplices de esta ilicitud. Los comprendemos pero frente al interés particular, por más respetable que sea, está el general de preservar los mejores valores de la sociedad.

EN CONCLUSIÓN

Confiamos en que la jurisprudencia o el legislador terminarán con esta aberrante expansión del juego. Lamentamos que los grandes dueños de este negocio ilícito pretendan defenderlo insultándome y haciendo insinuaciones difamatorias. Ellas solo revelan su falta de razones. La opinión pública ya está alarmada por lo que ocurre y el desborde de su remitido, queriendo proteger sus multimillonarias ganancias, ha puesto el tema en la consideración pública. Bienvenido que sea para que se tome conciencia y se termine con esta aberración.

Julio María Sanguinetti




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