Rescatar la institucionalidad

Esta subordinación del poder legítimo al gremial ya venía ocurriendo en los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero en este momento se ha llegado a un nivel máximo. Más allá de la confluencia ideológica, es evidente que la ley del primer gobierno Vázquez (Nº 17.940) marcó una etapa decisiva en construir lo que se ha dado en llamar “el fuero sindical”. Esa norma, con justo criterio, establece la nulidad de los actos de discriminación producidos por la actividad sindical y fija un procedimiento especial para que el trabajador afectado pueda ejercer sus derechos.

Esta norma fue sin duda un progreso jurídico en un sistema constitucional que ordena “promover la organización de sindicatos gremiales”. El tema es que, dispuesto ese fuero, ha funcionado prácticamente como una inamovilidad de cualquier dirigente o delegado sindical, que —a su vez— ha estimulado la afiliación a una gremial que brinda tamaña protección. Además, la potestad de descontar la cuota de afiliación con una sola expresión de voluntad, que queda para siempre, le ha dado a los sindicatos un generoso fluir de ingresos. Y a ello debe añadirse que el PIT CNT es al día de hoy la única fuerza realmente movilizadora que tiene un Frente Amplio hoy muy desalentado en lo que fuera su gran máquina política. De todo lo cual ha resultado una enorme fuerza de presión.

El gobierno se paraliza ante cualquier reclamo del sindicalismo. Sin ir más lejos, estos días ha quedado en el aire, casi a punto de renunciar, un director de limpieza de la Intendencia capitalina, recién nombrado, porque le otorgaba su confianza a un encargado de mantenimiento que era cuestionado por la benemérita ADEOM.

El caso de la división de cemento portland de Ancap ha adquirido estos días particular relevancia. Notoriamente, la presidente de Ancap anunció una reestructura que permitía comenzar a solventar los 25 millones de dólares que cada año, en promedio, pierde esa división del ente. Ello implicaba reducir servicios tercerizados a empresas particulares y suprimir un insólito servicio médico particular. Aun sin tocar personal directamente afectado a la tarea, simplemente con la no provisión de vacantes se iba disminuyendo la pérdida. Era un plan lento, prudente, gradualista. Igualmente el sindicato se encrespó y ya estamos con la palabra mágica: una “mesa de diálogo” para intentar el milagro de hacer cirugía sin cortar. Se habla de “otra” reestructura que ya está claro que cambiará todo en las palabras, para dejar todo como está.

Recordemos que mientras Ancap pierde esa fortuna (220 millones de dólares en una década), las multinacionales que compiten con ella ganan dinero con comodidad. Y que Ancap tiene comprado en 80 millones de dólares un horno que nunca instaló, que pensaba vender (porque ponerlo en marcha costaba otro tanto) pero que también quedó paralizado por la protesta.

Está claro que el gobierno Vázquez, desde su primer día quedó marcado a fuego. Cuando tuvo que retroceder con la declaración de esencialidad en la educación y la suspensión del Antel Arena, ya quedó definida la situación. Pero ahora es todos los días. Cuando se paralizó el transporte, el mes pasado, se dictó rápidamente un severo decreto prohibiendo los cortes de ruta. La ciudadanía sintió alivio de ver que el gobierno, por lo menos, intentaba hacer valer la ley que ya dispone esa prohibición. Duró pocas horas la satisfacción, pues a poco de andar se estableció que eso solo regía para empresarios y que los gremios tenían la capacidad de cortar rutas…

Se esperaba para el Consejo de Ministros del lunes pasado un anuncio de rebaja en el precio de la energía. No ocurrió. Y ello porque el gobierno no encuentra el camino para mejorar la productividad. El sindicato ya había anunciado que, luego de un año de estudios con el Instituto Cuesta Duarte, habían llegado a una notabilísima solución: bajaban el IVA y listo. Para esa ingeniosa solución no se precisaba ni un día de trabajo. Era risible. Pero lo que es trágico es que, de ese modo, se están descartando oportunidades de racionalización de servicios que ingenuamente muchos pensamos que iban a ser propuestos por la AUTE —el sindicato del ente eléctrico— en función de la experiencia de sus afiliados.

Ni hablemos de lo que ha pasado con la política exterior, en que el PIT CNT es un actor relevante y activo. Para defender dictaduras, que no bien se declaren antiyanquis pasan a ser beneméritas luchadoras del antiimperialismo, como ha ocurrido con los impresentables Kirchner o el autoritarismo sangriento e incapaz del chavismo venezolano. El propio Presidente tuvo que hacer malabarismos para defender la separación de poderes en Venezuela cuando nada de ello ocurrió. Lo salvó la guarangada de Maduro, que —al agraviarlo— nos agravió a todos los uruguayos, que naturalmente apoyamos la reacción del gobierno rechazando la grosería.

Podríamos seguir adelante con esta enumeración de reculadas. Lo que nos importa es instalar la preocupación sobre la distorsión que vive nuestra democracia, tergiversada en su sustancia, cuando las corporaciones se llevan por delante las instituciones. Paso a paso, caso a caso, cada día el Estado se ve más recortado en sus facultades. No esperamos una reacción porque el gobierno no tiene fuerza política suficiente para esa pulseada. La solución la tendrá que dar, clara e inequívocamente, la ciudadanía, imponiendo la rotación del gobierno.



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