Reivindicación del Instituto de Colonización en sus 70 años

Por Tomás Laguna

El pasado  mes de enero se cumplieron 70 años de la promulgación de la ley 11.029, por la cual se creó el Instituto Nacional de Colonización, uno de los más formidables instrumentos institucionales en materia de política de tierras dentro de la observancia de las reglas del Estado de Derecho, antes que las reformas agrarias compulsivas propias de regímenes totalitarios.

Fue don César Mayo Gutiérrez el principal impulsor de esta formidable herramienta del Estado dándole facultades para incidir en la política de tierras. Hoy el  Partido de Batlle, Arenas, Grauert y Brum está en deuda, bueno hubiera sido la reivindicación de aquel logro conmemorando sus 70 años en el marco de actividades partidarias. Estamos a tiempo.

El instrumento sigue vigente pero sus objetivos merecen ser discutidos a la luz de los tiempos que corren, a riesgo de que se transforme en un arma al servicio de quienes descreen de la propiedad privada de los medios productivos, tal cual viene ocurriendo.

Ya hemos comentado desde estas páginas la diferencia de la agropecuaria de hoy con los tiempos en que se imaginó el instituto. Tiempos de ganadería extensiva, cuando la mayor revolución tecnológica estaba atada al arado de rejas y la siembra de trigo. Tiempos en que las exportaciones de origen agropecuario de Uruguay se reducían a la carne, la lana, los cueros y poca cosa más. En aquel contexto el acceso a la tierra tenía el valor que se resume en la palabra “colonización”, combatiendo los latifundios ganaderos.

Por entonces se entendió necesario promover el abastecimiento de productos de granja a los distintos centros urbanos. Fue así que, en el marco de las primeras políticas de tierras del INC, se distribuyeron parcelas pequeñas en torno a las distintas ciudades. Hoy este planteo es tan inviable como los pequeños emprendimientos ganaderos que formaron las distintas colonias. En el  negocio agropecuario actual la economía de escala es fundamental para justificar la sobrevivencia de cualquier emprendimiento agropecuario, aun así la tierra perdió importancia relativa a pesar de la multiplicación de su valor. El acceso a tecnología de última generación, la capacidad para invertir en ella, el necesario respaldo para resistir los embates puntuales del clima y mercados permitiendo que la supervivencia del productor no se determine en cada cosecha sino en una secuencia de varios años, son todas condicionantes que se suman y equiparan con el acceso a la tierra.

En este nuevo contexto, ¿tiene vigencia tiene el INC? Entendemos que sí, que sigue siendo el instrumento por excelencia para que desde el Estado se puedan instrumentar políticas de tierra, ya no con los objetivos colonizadores de hace 70 años, sino aportándole escala a aquellos productores que por tamaño no son viables, o bien aquellos otros que un contrato de renta no le permite invertir ni proyectarse con seguridad. Son productores cuya desaparición no necesariamente es sustituida por un similar, todo lo contrario, es la erosión de la familia rural y su vínculo con la producción y un medio de vida difícilmente sustituible por su inserción en otro sector de la economía.

Hay dos conceptos que nos separan de la concepción socialista en cuanto a las políticas de  tierras. El primero es el concepto de agro negocio. Término odiado por la izquierda marxista, pero sin el cual el acceso a la tierra no tiene sentido. El segundo es la propiedad de la tierra, también rechazada por los cultores de la utopía socialista. Sin embargo una política de tierras necesariamente debe tener por objetivo la promoción de nuevos propietarios rurales y no simples arrendatarios del Estado, condicionados por este en su permanencia en la producción.

La actual conducción del instituto dista mucho de los objetivos antes mencionados. Por el contario, se pretende en un país de libre empresa y economía de mercado instituir en forma paulatina una suerte de gueto socialista rural, precisamente en el sector más importante de la economía.

En una economía con un fuerte déficit fiscal, dónde la presión impositiva se hace insoportable incluso para los asalariados, seguir destinando dineros públicos para la compra de tierras no parece al menos oportuno. Por lo tanto más que para cumplir con caprichos ideológicos, el accionar del INC debería obedecer a un programa pensado estratégicamente, promoviendo nuevas empresas competitivas en manos de productores dispuestos a insertarse en el agro negocio antes que la producción para la subsistencia.

En los 70 años desde su creación, aquel instrumento creado por el batllismo para el desarrollo agropecuario procurando igualar oportunidades tiene aún hoy plena vigencia. Pero jamás para los objetivos de la actual administración de gobierno, dónde se pretende traspasar la propiedad de la tierra hacia el Estado.

Colonización es una de las tantas banderas que la izquierda vernácula le robó al batllismo para usarla mal. Lo del principio, bueno sería que el partido de Batlle, Arena, Grauert, Brum y don César Mayo Gutiérrez reivindique uno de sus más importantes aportes a la República.



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