Correo de los Viernes - ¿Qué culpa tiene el consumidor?

¿Qué culpa tiene el consumidor?

El miércoles 30 a la medianoche perdió todo vigor el acuerdo entre gobierno y empresarios que había congelado los precios de 32 productos básicos (que comprendían 1.500 artículos), acuerdo que ha sido parte de una tan singular como estéril lucha antiinflacionaria.

Una renovación inmediata de ese pacto parece difícil pues existen posiciones contrarias en sectores de la Cámara de Industrias, mientras el gobierno espera datos del Índice de Precios del Consumo (IPC) de septiembre —que se conocerán en los próximos días— para adoptar medidas de profundidad (?), ciertamente inexistentes hasta el momento.

El convenio ha carecido de fuerza práctica: por un lado, su aplicación quedó a criterio de los comerciantes (nunca fue obligatorio); por otro lado, su incidencia ha sido escasa, casi nula, en el combate contra la carestía. (soluciones similares se aplicaron otros años y en otros lares, con resultados parecidos en cuanto a los paupérrimos resultados).

Es más: desde el principio, el comercio minorista renunció a aplicar la congelación como consecuencia de la crisis económica en el sector; asimismo, varias denuncias coincidieron en asegurar que en algunas de las grandes superficies se había ignorado el acuerdo.

Caída la congelación, seguramente se aplicarán nuevas subas en los precios. Comerciantes comentaron que estas subas serán mesuradas, que permitan, pese a todo, establecer una competencia con la mercadería brasileña (no obstante, la competencia parece perdida al constatarse los precios vigentes pasando la frontera).

El gobierno —como está dicho— espera las cifras del IPC para marcar el camino. Entre otras cosas, analizará en estos días una posible rebaja en los precios de los combustibles, contemplando, claro está, la crítica situación de Ancap.

Bajar los precios de los combustibles implicaría un freno significativo para la inflación (entre otras cosas, por el efecto “dominó” que opera en la economía), además de aliviar gastos en vastos sectores de la población.

Jerarcas del Poder Ejecutivo están convencidos de que la “congelación” de precios ha dado sus frutos. Pero un nuevo pacto, ya más formal, implicaría otros plazos, más dilatados, y nuevos estudios de productos.

Sin embargo, experiencias similares —al término del período de su vigencia— dejaron el recuerdo de aumentos súbitos con impactos extremos, fundamentalmente en la temporada turística.

Otras sugerencias han caído desde el ámbito sindical: un férreo control estatal sobre los precios de determinados productos o el control sobre una canasta básica de alimentos.

También aparecieron opiniones sobre la posibilidad de un acuerdo entre proveedores y grandes cadenas para abaratar productos.

Otra recomendación para la lucha contra la inflación: regular los niveles de los alquileres, que tienen especial incidencia en la carestía.

Sin embargo, otros factores inflacionarios han sido el precio del dólar y los incrementos de los sueldos para trabajadores y funcionarios (justamente ahora se discuten porcentajes en los consejos de salarios).

Lo cierto es que el gobierno sigue acorralado [http://www.correodelosviernes.com.uy/Que-hacer.asp]. Y lo peor: ha demostrado que no sabe cómo salir de este deplorable encierro. Desde el oficialismo, como ya se ha dicho, sólo surgen “soluciones” (congelamientos de precios, subsidiar la fabricación de pasta de dientes [http://www.correodelosviernes.com.uy/La-pasta-de-dientes-del-Pepe.asp] y otros dislates [http://www.republica.com.uy/canasta-basica-y-alquileres/316994/]) que nunca han dado resultados salvo en el cortísimo plazo (y a veces ni siquiera eso) pero perjudicando la provisión de bienes y servicios afectados en el mediano y largo plazo.